Guiso a billetazo limpio

30 de mayo de 2012 - Política, Puerto Rico - Redacción, EL VOCERO

Un análisis del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor durante los ocho años del PPD reflejó que se otorgaron más de $14 mil millones en contratos de servicios y asesorías a contratistas privados allegados al Partido Popular Democrático

La repartición de más de $14 mil millones en contratos de servicios y asesorías a contratistas privados allegados al Partido Popular Democrático (PPD) entre los años 2001 a 2008, incluyó aproximadamente $900 millones para gastos de publicidad, $2,600 millones en adiestramientos y orientación, $1,000 millones en abogados, $7,000 millones en consultorías administrativas, técnicos y contabilidad y $765 millones en procesamiento de datos.
Servicios de Publicidad
Un análisis del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor durante los ocho años del PPD reflejó que se otorgaron 35 mil contratos, por la suma total de $900 millones para servicios de publicidad.
En esa lista de contratistas figuran la firma publicitaria Lopito, Ileana & Howie y varias de sus subsidiarias, que tuvieron contratos por casi $300 millones durante esos ocho años. Además de ser las principales agencias de publicidad de las anteriores administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, también desempeñaron ese papel en las campañas políticas del PPD desde la década de 1990.
Otras de las empresas favorecidas por los populares fueron Milestone Communications, del conocido activista popular y propietario de la emisora Radio Isla, Eduardo Rivero, con más de $15 millones. Otra agencia de publicidad que trabajó campañas del PPD y que recibió grandes contratos de sus administraciones fue Eje Sociedad Publicitaria, de Edgardo Rivera, con $38 millones.
También guisaron, Arteaga y Arteaga Advertising, de Juan Arteaga Medraño, con $41 millones; Flora Communications, del extelereportero Jorge Orama, con $18 millones; Kroma Advertising, de Bernardo Medina –quien ha colaborado con la producción de anuncios de García Padilla– por más de $8 millones; y hasta Happy Productions, de Luisito Vigoreaux, con $1.7 millones. Algunas de esas empresas –como la de Vigoreaux– tuvieron otros tipos de contratos millonarios con el Gobierno por servicios de adiestramiento, orientación y subsidios salariales a sus empleados. Por ese concepto adicional, Vigoreaux obtuvo otros $1.6 millones.
También figuran con contratos algunos relacionistas públicos vinculados a la colectividad de Puerta de Tierra, entre ellos la empresa Comstat –que presidía Marisara Pont–  de quien se ha dicho es la actual asesora de imagen del candidato a la Gobernación, Alejandro García Padilla, con casi $600 mil; José Castrodad, con más de $620 mil a varias agencias –incluyendo la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza y hasta el recientemente nombrado representante del PPD en la junta investigadora de primarias de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el exsecretario general del PPD, Fernando Torres Ramírez– con casi $200 mil, entre otros.
Servicios de Adiestramiento y Orientación
Otra de las partidas grandes en contratos otorgados fue la de servicios de adiestramientos y orientación a estudiantes, trabajadores y otros sectores poblacionales con desventajas, incluidos subsidios salariales. Durante esos ocho años, se otorgaron 80 mil contratos al sector privado y organizaciones por la friolera de más de $2,600 millones.
Entre las empresas más beneficiadas para ese tiempo por este tipo de contratos figuraron Rocket Learning, con $91 millones; Amar Educational Services, con más de $88 millones; la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa, con $87 millones; Braxton School, con $70 millones; Centro de Capacitación y Asesoramiento, con $62 millones; la Institución Educativa Nets, con $56 millones; José Areizaga, con $55 millones; Cosey y Learning Alliances, con $52 millones cada una; Virtual Educational Resources Network, con $47 millones; National Educational & Technological Services, con $38 millones; Computer Learning Center, con $36 millones; América Aponte, con $33 millones; José Alberty Monroig, con $23 millones; y Edic College, con $22 millones.
También recibieron contratos multimillonarios de adiestramiento y orientación Oscar Prieto Morgado, con $19 millones; Grupo Novel, con $18 millones; Consulting Corporation-Mariano Ortiz Rivera, con $16 millones; Quality Educational Services, Inc. y Rock Solid Technologies, con $12 millones, respectivamente.
Algunas de las agraciadas con contrataciones entre los $5 millones a $10 millones fueron: Decision, Inc., Empresas Atilano Cordero Badillo, Instituto Nacional Complementario para la Excelencia, Workforce Training & Employment Center, American Managment, Holistic Group, Centro de Desarrollo Tecnológico, Instituto Modelo de Enseñanza Individual, Capacitate with Quality and Novelties, Creative Educational & Psychological Services, Casa Grande Interactive Communications, General Training Partnership Advisory Group y Supporting Business Growth Corporation.
Entre muchas de las empresas que recibieron contratos figuran conocidos donantes y colaboradores de las campañas del PPD. Por ejemplo, un nombre que resalta es Enrique Vilá del Corral, miembro del comité de campaña de Sila Calderón y quien también recibió contratos por más de $5 millones en servicios de entrenamiento y orientación, de consultoría administrativa y contabilidad. También, contrató por servicios de tecnología y procesamiento de datos.
Servicios Legales
Se otorgaron 13 mil contratos por más de $1,000 millones para servicios legales, entre los cuales están incluidos varios comentaristas radiales de política y un director de campaña del PPD. Por ejemplo, el comentarista Luis Pabón Roca y su socio Irving Faccio, actual director de la campaña de García Padilla, recibieron casi $5 millones entre los años 2001-08. Durante el presente cuatrienio, el bufete ha continuado recibiendo contratos por más de $1 millón de municipios populares, como el de Coamo, donde el alcalde es hermano del líder de la Pava. Ayer informaron que también tienen contrataciones con municipios azules.
Entre los abogados mas beneficiados, también sobresalen el recaudador de fondos y abogado del PPD, Pedro Ortiz Álvarez, con mas de $16 millones; el conocido asesor electoral Nicolás Gautier, con más de $1 millón; René Arrillaga, también con más de $1 millón; el bufete Sánchez Betances, Sifre, Muñoz Noya & Rivera, con $11 millones; otro conocido recaudador y abogado Edwin Quiñones, con $5 millones; el bufete Winston & Strawn, también con $11 millones por servicios legales a varias agencias –incluyendo $1 millón por consultorías administrativas al Departamento del Trabajo– y el bufete de Reichard y Escalera, con $13 millones.
La expresidenta del Colegio de Abogados Celina Romany Siaca obtuvo contratos de $1 millón por servicios legales y otros $1.2 millones por consultorías administrativas.
La hermana del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, Zaideé, obtuvo contratos de servicios legales por más de $1.6 millones. Además, obtuvo un contrato de $100 mil adicionales por consultorías administrativas
El licenciado Ramón Velasco Escardille –convicto en la Corte federal por el esquema de corrupción en las finanzas del PPD– recibió $1.4 millones de la zafra aún en el período en que enfrentaba los cargos criminales.
Servicios de Consultoría Administrativa, Servicios Técnicos y Contabilidad
En conjunto, estas tres categorías de contrataciones alcanzaron la cifra de 86 mil contratos con un costo de casi $7,000 millones.
En las llamadas consultorías administrativas se otorgaron más de 13 mil contratos por la cantidad global de casi $1,500 millones. Los servicios técnicos –mayormente de planos, estudios, diseños y asesorías– alcanzaron los 28 mil contratos por más de $5,000 millones. Por su parte, los servicios de contabilidad arrojaron los 3 mil contratos y más de $165 millones. Mientras, los servicios personales no profesionales superaron los 42 mil contratos y los $312 millones. Estos últimos parecen ser parte de los malabares que se utilizan para inflar la nómina gubernamental a nivel del Gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.
En las consultorías administrativas hay de todo como en botica. Por ejemplo, el excandidato a la Gobernación y asesor electoral del PPD, Héctor Luis Acevedo, tuvo $360 mil en contratos de consultoría administrativa en un municipio tan pequeño como Barceloneta, cuyo exalcalde Sol Luis Fontánez fue recientemente convicto por actos de corrupción en la jurisdicción federal. Hasta el comentarista radial y ahora candidato a la Legislatura por el PPD Ángel Matos, también tuvo más de $150 mil en contratos en otros lugares. El exjuez Ángel Hermida contrató por $90 mil en el Departamento de Estado. El excomisionado residente Antonio Colorado casi llegó a los $500 mil.
Los economistas tampoco se quedaron atrás en sus contrataciones. Por su parte, la firma Advantage Business Consulting, de Juan Lara, obtuvo $1.8 millones. El menos activo en contrataciones con el Gobierno fue Fernando Zalacaín, con más de $400 mil. Otros conocidos economistas recibieron grandes cantidades de dinero del Gobierno de manera indirecta al figurar como asesores de empresas que, a su vez, contrataban con el Gobierno.
Las agencias de publicidad también lucieron ser muy versátiles. Además de los millones facturados por servicios publicitarios, hubo algunas con otros tipos de contratos.
Eje Sociedad Publicitaria, de Edgardo Rivera, contrató $1.7 millones por servicios de consultorías administrativas. Milestone Communications, de Eduardo Rivero, también ofreció consultorías administrativas por más de $1 millón, además de los $15 millones facturados en publicidad. Flora Communications, de Jorge Orama, tuvo $1.2 millones por nada menos que servicios de contabilidad a la Lotería y adicionales a los $18 millones que facturó en servicios publicitarios a varias agencias.
Servicios de Procesamiento de Datos Electrónicos
Durante los ocho años del PPD se otorgaron más de 4 mil contratos por la cantidad de $765 millones para servicios tecnológicos y de procesamiento de datos. Estos servicios son de los más caros, aunque conocedores de esta industria siempre han planteado que los costos de las empresas son muy bajos en comparación con sus facturas. Las ganancias porcentuales de estas empresas son enormes.
Mientras se reducía el presupuesto de los servicios de salud y se despojaba de su tarjeta a más de 200 mil personas, uno de los más beneficiados por contratos relacionados con tecnología y servicios de salud fue la empresa MC-21, de Joaquín Viso, conocido colaborador y recaudador de las campañas del PPD. Sus contratos ascendieron a más de $62 millones.
En su libro titulado Un Pacto con el Diablo, el exdirector de Finanzas de la campaña del PPD, Miguel Nazario Franco, relató lo siguiente: “la evidencia demuestra que Viso fue otro colaborador de campañas (del PPD). Según declaró posteriormente (en la Fiscalía federal), contribuyó con $50 mil a la campaña a la gobernación de Calderón pagando facturas falsas. De esa cantidad, $10 mil se acreditaron a la campaña de primaria para comisionado residente de Acevedo Vilá. Al enterarme de esta situación y los intereses de negocios de Viso, entendí el aparente interés de este por reconciliar a Calderón y a Acevedo Vilá”.
Otras compañías de tecnología:
En asuntos tecnológicos, por un lado, se dividen los contratos a compañías de mayor renombre internacional como IBM, Microsoft Caribbean y Oracle Caribbean; y por otro, a empresas como: Advance Computer Technologies, con $34 millones; Empower, Inc., con $25 millones; Truenorth Corporation, con $21 millones; Rock Solid Technologies y FusionWorks, con casi $9 millones cada una;  Vilá del Corral and Company, con casi $2 millones; Interboro Systems; y Avant Technologies, con $4 millones cada una. Casi todas las anteriores también recibieron contratos multimillonarios adicionales por otros servicios relacionados con consultorías administrativas, servicios técnicos, de contabilidad, entre otros.

Distribución de contratos entre el 2001-2008 por renglones:

Publicidad:           
Lopito, Ileana & Howie y subsidiarias                                    $300 millones
Milestone Communications                                                $15 millones
Eje Sociedad Publicitaria $38 millones
Arteaga y Arteaga Advertising $41 millones
Flora Communications $18 millones
Kroma Advertising $8 millones
Happy Productions $1.7 millones
Comstat $600 mil
José Castrodad $620 mil
Fernando Torres Ramírez $200 mil

Adiestramiento y orientación:
Rocket Learning $91 millones
Amar Educational Services 88 millones
Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa $87 millones
Braxton School $70 millones
Centro de Capacitación y Asesoramiento $62 millones
Institución Educativa Nets $56 millones
Jose Areizaga $55 millones
Cosey y Learning Alliances $52 millones, cada una
Virtual Educational Resources Network $47 millones
National Educational & Technological Services $38 millones
Computer Learning Center $36 millones
América Aponte $33 millones
José Alberty Monroig $23 millones
Edic College $22 millones
Oscar Prieto Morgado $19 millones
Grupo Novel $18 millones
Consulting Corporation-Mariano Ortiz Rivera $16 millones
Quality Educational Services Inc.   $12 millones
Rock Solid Technologies $12 millones
Enrique Vilá del Corral $5 millones

Servicios Legales
Luis Pabón Roca e Irving Faccio $5 millones
Pedro Ortiz Álvarez $16 millones
Nicolás Gautier $1 millón
René Arrillaga $1 millón
Sánchez Betances, Sifre, Muñoz Noya & Rivera $11 millones
Edwin Quiñones $5 millones
Winston & Strawn $11 millones por servicios legales a Reichard y Escalera $13 millones
Celina Romany Siaca $1 millón por servicios legales
$1.2 millones por consultorías administrativas
Zaideé Acevedo Vilá $1.6 millones y $100 mil adicionales
en consultorías administrativas
Ramón Velasco Escardille $1.4 millones

Servicios de Consultoría Administrativa, Servicios Técnicos y Contabilidad
Héctor Luis Acevedo $360 mil en contratos
Angel Matos $150 mil
Angel Hermida $90 mil
Antonio Colorado $500 mil
Advantage Business Consulting $1.8 millones
Fernando Zalacaín $400 mil
* Eje Sociedad Publicitaria $1.7 millones
* Milestone Communications $1 millón
* Flora Communications $1.2 millones
(*estas empresas también facturaron en el renglón de publicidad)

Servicios de Procesamiento de Datos Electrónicos
MC-21 $62 millones

Otras compañías de tecnología:
Advance Computer Technologies $34 millones
Empower Inc. $25 millones
Truenorth Corporation $21 millones
Rock Solid Technologies   $9 millones
FusionWorks $9 millones
Vilá del Corral and Company $2 millones
Interboro Systems $4 millones
Avant Technologies $4 millones

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Guisan muchos bajo el PPD

EL PPD OTORGÓ: "más de 257 mil relaciones contractuales, por la cuantía de cerca de $14 mil millones a contratistas privados, quienes principalmente eran recaudadores, donantes, asesores y amigos de los líderes de esa colectividad". Guisan muchos bajo el PPD 29 de mayo de 2012 Igualas provocaron crisis presupuestaria Un examen del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor bajo las administraciones populares, entre los años 2001 al 2008, reflejó que pese a la gran crisis económica que obligó al cierre del Gobierno, se otorgaron más de 257 mil relaciones contractuales, por la cuantía de cerca de $14 mil millones a contratistas privados, quienes principalmente eran recaudadores, donantes, asesores y amigos de los líderes de esa colectividad. La magnitud de la cifra de $14 mil millones representa aproximadamente el presupuesto de dos años fiscales del Gobierno, de las partidas que ingresa Hacienda. Aun cuando líderes del Partido Popular Democrático (PPD) acusan al gobernador Luis Fortuño de beneficiar a sus amigos políticos, lo cierto es que el análisis de las dos administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá demuestra que ellos incurrieron en ese patrón de igualas cuando el déficit presupuestario era mayor, e inclusive beneficiaron a patronos del propio aspirante a la Gobernación, Alejandro García Padilla, y del candidato a comisionado residente en Washington, Rafael Cox Alomar. La astronómica cifra de $14 mil millones en igualas de servicios y asesorías que fueron tomadas en consideración durante la investigación periodística, se distribuyen en las siguientes categorías de contratos, según las clasifica la Oficina del Contralor: servicios de publicidad, representación o artísticos, de adiestramiento y orientación, legales, de consultoría administrativa, técnicos, contabilidad y personales no profesionales. Un pequeño grupo de allegados al PPD se llevó contratos que sobrepasaron los $550 millones del Gobierno. Entre ellos se encuentran: la otrora agencia de publicidad del PPD, Lopito, Ileana & Howie, Eduardo Rivero, Marisara Pont, Juan Arteaga Medraño, Edgardo Rivera, Jorge Orama, Bernardo Medina, Luisito Vigoreaux, José Castrodad, Enrique Vilá del Corral, Atilano Cordero Badillo; Pedro Ortiz Álvarez; Nicolás Gautier; René Arrillaga; Edwin Quiñones; el bufete de Reichard y Escalera, Celina Romany Siaca, la hermana del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, Zaideé, Ramón Velasco Escardille, Héctor Luis Acevedo, Angel Matos, el exjuez Ángel Hermida, el excomisionado residente Antonio Colorado, Joaquín Viso, el comentarista radial Luis Pabón Roca y su socio Irving Faccio, actual director de campaña de García Padilla. También, varios expatronos de Alejandro García Padilla y Rafael Cox Alomar recibieron contratos por millones de dólares en asesorías y servicios. Hasta conocidos economistas muy consultados por algunos medios de comunicación, recibieron contrataciones del Gobierno a niveles millonarios. En el análisis no se incluyeron miles de millones de dólares adicionales que se destinaron a otros tipos de contratos de construcción, compras de bienes y de equipos del Gobierno. En estos contratos de construcciones y compras, sin embargo, se destacan casi $100 millones a la firma constructora Target Engineering, del esposo de la exsenadora Victoria ‘Melo’ Muñoz Mendoza, Minás Papadakis; y sobre $210 millones a la petrolera Caribbean Petroleum Corporation (Capeco), de Ram Zeevi, quien acompañó a García Padilla en su controvertible viaje a Europa y el Oriente Medio. Durante esos ocho años todos esos contratos se pagaban de los fondos ordinarios, estatales y federales, que se asignan en el presupuesto de Puerto Rico. No había asignaciones adicionales ni especiales como, por ejemplo, el refuerzo de fondos federales conocido como ARRA (Ley Federal para la Recuperación y la Reinversión Americana) que fue implantada en el 2009 por el entrante presidente Barack Obama para revitalizar la economía en medio de la recesión económica que había surgido en los Estados Unidos en el año 2008. A partir del año 2009, años después de iniciada la llamada recesión criolla de las administraciones populares, ARRA representó una inyección de cerca de $6 mil millones adicionales en fondos federales para obras, servicios e incentivos económicos a los individuos. Se calcula que casi $2 mil millones de esos fondos fueron específicamente asignados por el Gobierno federal para servicios a los ciudadanos a través de contrataciones privadas a partir del año 2009. Si una parte sustancial del presupuesto público se utilizaba para repartir ese tipo de contratos por igualas, el Gobierno se quedaba corto para sus operaciones regulares y debía seguir tomando prestado. De manera que la otorgación de contratos contribuyó a duplicar la deuda pública histórica de Puerto Rico de $25 mil millones a $55 mil millones. Ha trascendido también que las dos administraciones del PPD entre el 2001 a al 2008 incurrieron en la práctica de inflar los estimados de ingresos al Presupuesto General para así aumentar los gastos, las contrataciones a activistas y amigos de los líderes de ese partido. El resultado fue un déficit presupuestario de $3,300 millones y una de las peores crisis económicas y presupuestarias de la historia. Además de tomar tantos préstamos con cargo al Pueblo de Puerto Rico en medio de la repartición de contratos, durante esos ocho años también se aumentaron las contribuciones; se redujo el presupuesto de la Reforma de Salud en más de $300 millones cancelando a 200 mil beneficiarios; se aumentaron en tres ocasiones las tarifas de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se pasó a los consumidores las decisiones sobre compra de combustible para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hubo incrementos en costos de los peajes de las autopistas, las matrículas en la UPR, las tablillas de los automóviles; y se impuso el IVU de siete por ciento. Ello unido al cierre del Gobierno por falta de recursos fiscales. Durante esa época todos los líderes políticos y funcionarios del Partido Popular endosaron, con sus expresiones o su silencio, esas descomunales contrataciones. No hay récord público de críticas por parte de ninguno de ellos. Es de conocimiento general que desde hace casi cinco décadas el Gobierno de Puerto Rico adoptó la práctica de otorgar contratos a individuos y empresas privadas para la prestación de servicios y la realización de proyectos que no deben estar en manos de las torpezas burocráticas y los altos costos operacionales fijos que tiene el Gobierno. No obstante, en la actual campaña política tanto el candidato a la Gobernación popular, como el resto de sus líderes, repiten sus críticas a la presente Administración por el otorgamiento de contratos a empresas privadas, incluyendo a muchas que también recibían contrataciones durante las administraciones del PPD. Tradicionalmente, cada partido político en el poder trata de explicar que son contratos otorgados mediante procesos de subastas, propuestas competitivas, servicios de confianza o porque son fondos asignados por el Gobierno estatal o federal para propósitos específicos cuya prestación resulta más eficiente o económica en manos privadas. Los líderes populares han utilizado esas mismas argumentaciones para defender las contrataciones de sus administraciones, pero contradictoriamente las rechazan cuando las plantea una Administración del PNP. http://www.vocero.com/guisan-muchos-bajo-el-ppd/