Fiscalía insiste en que Aníbal lo sabía

Fiscalía insiste en que Aníbal lo sabía

Domínguez dice que hay evidencia directa de que el Gobernador conocía la realidad de los supuestos donativos ilegales.

Por Miguel Díaz Román /

La fiscal federal María Domínguez dijo ayer que probará con evidencia directa y circunstancial que Aníbal Acevedo Vilá, Luisa Inclán Bird y Miguel Nazario sabían de los donativos ilegales que, según la Fiscalía, hizo el empresario Edwin Santana a la campaña del Gobernador.

“Acevedo Vilá instruyó personalmente a uno de sus ayudantes para que se le proveyera asistencia a Santana (el contribuyente 18) porque él lo ayudó en su campaña. De hecho, la única asistencia provista por Santana a la campaña de Acevedo Vilá fue la contribución ilegal de $250,000”, dijo Domínguez.

La fiscal hizo los planteamientos en una moción que presentó ayer ante el juez federal Paul J. Barbadoro. Así respondió a la solicitud de desestimación de Acevedo Vilá, Inclán Bird y Nazario Franco, acusados en la segunda ronda de cargos federales en el caso.

Domínguez declaró que la defensa de Acevedo Vilá ha puesto en práctica “una aparente estrategia que intenta nublar argumentos legales con retórica política y repitiendo lo suficiente acusaciones extravagantes para probar la noción de que cuando algo se repite lo suficiente es porque es cierto”.

La fiscal agregó que no será necesario probar que hubo un quid pro quo (dar algo a cambio de algo) como resultado de la presunta aportación de $250,000, que el empresario Santana hizo para pagar una deuda de la campaña de Acevedo Vilá en la compañía de publicidad Marketing & Media Motivations.

“El jurado debe saber que el funcionario público sabía que los regalos que le estaban dando tenían el objetivo de influenciar una acción oficial, que el funcionario aceptó unos regalos que intentaban influenciarlo y que el funcionario intentó engañar al público”, dijo.

Objetó la tesis de la defensa de que hay multiplicidad de cargos. Sostuvo que los acusados “tendrán un solo juicio”. Domínguez también rechazó que los cargos de fraude electrónico no se configuran porque los correos electrónicos no salieron de Puerto Rico.

“No es una condición para que haya jurisdicción federal, la ubicación de la computadora. Los correos electrónicos fueron transmitidos en el comercio interestatal y son suficientes para respaldar la jurisdicción federal”, señaló.

En otra moción, la Fiscalía respondió a la solicitud de la defensa de que se le entregue toda la información ofrecida al gran jurado “porque hay razones para pensar que la Fiscalía ocultó testimonios”.

Domínguez dijo que los fiscales tienen autoridad para decidir quién testifica ante el gran jurado y que el proceso se realiza bajo la presunción de que un pliego acusatorio no será desestimado porque no se presentó prueba exculpatoria.

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