Irregularidades en los términos de repago de los $1,000 millones asignados, incumplimiento de contratos por parte de los desarrolladores de las obras, contratistas sin registro en el Departamento de Estado, sorteo de viviendas a familias que no cualificaban y un presunto trato preferencial para los alcaldes populares son algunos de los hallazgos de una investigación que hizo EL VOCERO sobre el Programa de Comunidades Especiales.
Sila M. Calderón. EL VOCERO/Archivo
En agosto de 2006, la periodista Beatriz de la Torre reveló en una serie de reportajes investigativos el contraste entre las promesas y la realidad del programa impulsado por la ex gobernadora Sila María Calderón.
En 2001, Calderón le ordenó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que aportase a su proyecto $500 millones y además le concediera un préstamo por otros $500 millones a repagarse a razón de $50 millones anuales.
No obstante, el compromiso se incumplió cuando se alteraron los términos de repago para reducirlos a una fracción del acuerdo original. Al final, la administración Calderón sólo pagó $70 millones de los $200 que correspondían durante su cuatrienio.
Luego, la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá tuvo que subastar de nuevo todos los contratos concedidos originalmente para construir más de 1,500 residencias en docenas de comunidades a lo largo de la Isla, según confirmó en ese momento Jorge Fuentes Matta, a cargo de la Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyecto de Viviendas, entidad que administraba $669 millones de los fondos asignados a las Comunidades Especiales.
Entre otras irregularidades, este rotativo dejó al descubierto que la promesa de construir unas 2,000 residencias en 63 comunidades especiales quedó en el limbo por la falta de títulos de propiedad y el intento de desarrollar en terrenos inundables pese a que la ley lo impide y pone en peligro potencial a los residentes.
Uno de los más claros ejemplos de promesas incumplidas lo enfrentó la Comunidad Especial Antón Ruiz en Humacao luego de que el gobierno de la entonces gobernadora Calderón prometió construir 120 viviendas y al final sólo se completaron 5 unidades.
“Hemos encontrado en esta investigación personas participantes para este programa que una vez han sido reubicados a otro lugar nunca llegaron a ver su unidad ya terminada, porque ha pasado tanto tiempo que hasta han fallecido sin lograr regresar a su hogar”, señaló en 2006 un informe preliminar emitido por la Comisión de Asuntos Municipales y la de la Región Este.
Durante la administración de Acevedo Vilá, se evidenció que el costo de las viviendas aumentó y ascendió a casi $82 mil por unidad, el doble de lo presupuestado en 2003.
La investigación de este rotativo reveló además un posible esquema de creación de compañías desarrolladoras para obtener los contratos del Programa de Comunidades Especiales.
“De hecho, los archivos de Corporaciones del Departamento de Estado indican que todas las empresas (cuatro desarrolladoras) tenía una misma dirección”, destacó EL VOCERO en el reportaje “Dudosa otorgación de contratos” en su edición del 25 de septiembre de 2006.
Al día siguiente de la publicación de este artículo, la ex gobernadora Calderón aprovechó la cancelación de una citación que le hizo la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jenniffer González, para reclamar que las críticas contra el Programa de Comunidades Especiales eran falsas y “demuestra que no ha habido sustancia detrás de las imputaciones que se han estado haciendo”.
Sin embargo, las acusaciones de que el Fideicomiso se utilizó como una especie de barril de tocino para los acaldes populares nunca fueron aclaradas.
De acuerdo con la investigación de EL VOCERO, unos 17 municipios populares recibieron un trato especial al recibir transferencias de fondos para la rehabilitación y construcción de viviendas en comunidades especiales.
La investigación periodística dejó al descubierto también que un funcionario del Departamento de la Vivienda en Humacao sorteó 10 residencias a personas que no cualificaban. El escándalo salió a la luz pública luego de que dos familias mostraron unas cartas oficiales del Departamento de la Vivienda en las que se les informaba que habían sido seleccionados a través de un sorteo para obtener casas en el barrio Boquerón de Las Piedras.
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