152 PRUEBAS CRIMINALES CONTRA AAV
Hay flores entre la evidencia
También hay 18 grabaciones en la extensa lista de prueba contra Aníbal Acevedo Vilá.
Por Miguel Díaz Román
La Fiscalía federal cuenta, como parte de la prueba de su caso contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otros 12 acusados, con 18 grabaciones telefónicas y en persona del coacusado Marvin Block.
Las grabaciones, en cinta y CD, son parte del cúmulo de 152 piezas de evidencia que la Fiscalía desglosó en una moción que radicó ayer en el expediente electrónico del caso de fraude electoral contra el Primer Ejecutivo.
El documento, de la autoría de la fiscal federal auxiliar María Domínguez, revela por primera vez la naturaleza de prueba que la Fiscalía ha entregado a los abogados de los acusados en el caso del Gobernador.
Con su moción, Domínguez responde a la objeción del coacusado Edwin Colón Rodríguez, a la forma en que la Fiscalía identificó la evidencia que suministró a la defensa.
El documento de 12 páginas contiene una breve descripción de cada pieza de evidencia, sin abundar en más detalles.
En una nota al calce del documento, la fiscal dijo que Colón Rodríguez técnicamente no solicitó que se le designara o identificara la evidencia. En su lugar, Colón Rodríguez objetó el tono general de las cartas que acompañan el descubrimiento de la prueba de Fiscalía.
La evidencia es voluminosa y variada. Incluye desde informes financieros de campañas electorales hasta facturas de un arreglo floral y un restaurante. Además, contiene una carta dirigida al secretario de la gobernación, Jorge Silva Puras, de parte del ex asesor del Gobernador, Irvin Faccio, en la que refiere el resumé de coacusado Jorge Velasco Mella. Velasco trabajó en la Oficina del Comisionado Residente en San Juan en 2004 y fue el gerente de la empresa Dental One. Esta empresa pertenece al coacusado Cándido Negrón Mella.
El contenido del documento llamó la atención de observadores que cuestionaron por qué se radica en momentos en que la atención pública se ha desviado del caso del Gobernador.
Aníbal en la Convención
A pocos días de que la Fiscalía añadiera cinco cargos a los 19 que ya pesaban en su contra, Acevedo Vilá partió hacia Denver, Colorado, para participar como superdelegado en la Convención del Partido Demócrata. Antes de su viaje, hizo varios anuncios públicos sobre programas gubernamentales.
El Gobernador no estuvo disponible para comentar sobre la moción sometida por la fiscal Domínguez. Tampoco lo estuvo su abogado principal, Thomas Green.
El juicio del Gobernador y los demás coacusados, presidido por el juez Paul J. Barbadoro, está pautado para comenzar el 8 de febrero de 2009.
En dos de las 18 grabaciones de Block aparece el también coacusado Robert Feldman. Block es socio de negocios de Feldman, el presidente de Delaware Valley Consulting, empresa ubicada en Pennsylvania. Block fue director de finanzas del comité de Acevedo Vilá para Comisionado Residente en 2002. Block y Feldman enfrentan un cargo de conspiración.
Factura por $20,000
La prueba en el caso del Gobernador incluye, además, una factura de $20,000 de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie (LIH) a la aseguradora Triple S.
La factura de LIH está junto a una carta dirigida a Miguel Vázquez Deynes, ex presidente de Triple S, de parte de una mujer llamada Elba Luz Arroyo.
Incluidas Empresas Santana
De acuerdo con el documento, la Fiscalía se propone presentar en el juicio información relacionada con las Empresas Santana, un grupo de corporaciones vinculado al turismo y a la industria de alimentos.
Miembros del Partido Popular Democrático han vinculado a un ejecutivo de ese grupo empresarial con las circunstancias que motivaron la segunda ronda de acusaciones contra el Gobernador y los otros coacusados.
En la segunda acusación contra el Primer Ejecutivo se menciona que Acevedo Vilá realizó gestiones a favor del llamado Colaborador 18, miembro de una empresa de turismo y la industria de alimentos.
En la segunda serie de cargos, la Fiscalía alega que los favores realizados por el Primer Ejecutivo obedecen a que ese empresario hizo donativos ilegales por $250,000 al comité de campaña de Acevedo Vilá para gobernador en 2004.
Ciudadela en la lista
La moción con la lista de la evidencia incluye documentos sobre el megadesarrollo de vivienda Ciudadela, que se construye en Santurce, y cuyo desarrollador, Carlos López de Azúa, compareció al gran jurado antes de la radicación de las primeras acusaciones contra Acevedo Vilá.
La lista de evidencia federal contiene copias de cheques y depósitos por $28,350 a cuentas relacionadas a los comités de campaña de Acevedo Vilá para Comisionado Residente y Gobernador, así como al PPD. Algunos de estos cheques están acompañados de notas escritas a mano.
Se mencionan informes de la Comisión Federal de Comunicaciones de 1999 a 2006 y de la Comisión Estatal de Elecciones para 2003 y 2004.
http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/portada/noticias/hay_flores_entre_la_evidencia/450275
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LA EVIDENCIA - PDF
http://www.elnuevodia.com/XStatic/endi/docs/editor/Evidencia.pdf--------
Desglose de la prueba
Agendas de Aníbal Acevedo Vilá de 2001 al 2005.
Agenda de Marisol Marchand, ex administradora de los Sistemas de Retiro.
Carta dirigida a Marisol Marchand de parte de una persona que se identifica como Nikole Davenport, en torno a un litigio relacionado con el manejo de inversiones.
Agenda y lista de contactos de la computadora del dentista y acusado Cándido Negrón.
Estado de cuenta de una tarjeta de crédito Capital One a nombre de Dental One/ Thomas Mallozzi.
Análisis de manuscrito de Jorge Velasco y Eneidy Coreano.
El estado de cuenta de la tarjeta American Express de Eneidy Coreano de enero de 2003.
Tarjetas de presentación de The Feldman Group, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Health Net Affiliates, Inc., y Dental Matrix USA, Inc.
Tarjeta de presentación de la abogada acusada Luisa Inclán Bird y notas a manuscrito.
Recibos del restaurante Citronelle.
Factura de $114 de la floristería Flower Gallery a nombre de Aníbal Acevedo Vilá.
Cheque de $19.96 del Primer Ejecutivo a la empresa que tarjetas de crédito American Express.
Seis cheques con notas a manuscrito.
Cuatro copias a color de fotos de Acevedo Vilá y otras personas.
Página principal de un facsímil que envió Michael Lawry a Carlos López de Azúa.
Cheques y estados de cuenta personales de Cándido Negrón y Elizabeth Dalton Negrón.
Comunicaciones entre Mondre Energy y la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
Acuerdo entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Mondre Energy, Inc.
Comunicaciones entre el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y Goldenberg Group.
Comunicaciones entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) y Doral Dental, cuyo dueño es el coacusado Salvatore Avanzato.
Comunicaciones entre Chitwood & Harley y el Sistema de Retiro.
Documentos relacionados con las agencias de publicidad Flora Communications y Focus.
Comunicación del asesor en inversiones Felipe Piovanetti al ex administrador de la Administración de Sistemas de Retiro, Juan Cancel Alegría.
18 grabaciones del coacusado Marvin Block, la mayoría telefónicas y tres en persona.
Transcripciones de documentos del Gran Jurado.
Comunicaciones electrónicas de distintos asuntos, incluidos comunicaciones con miembros del sector empresarial.
Documentos relacionados con donativos a campañas.
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Caso AAV: Larga lista de evidencia
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
Cuatro fotografías del gobernador Aníbal Acevedo Vilá con otros, así como análisis de caligrafía de Jorge Velasco Mella y Eneidy Coreano, figuran en la lista de designación de evidencia que la Fiscalía federal se propone presentar durante el juicio contra el Primer Ejecutivo y otras 12 personas.
El Gobierno estadounidense suministró la lista de designación de evidencia a petición del ex subtesorero de la campaña de Acevedo Vilá para comisionado residente en Washington, Edwin Colón.
Asimismo, el documento de 12 páginas incluye una factura de $114 de Acevedo Vilá a una floristería que data del 23 de abril de 2002, las agendas de Acevedo Vilá desde el 2001 al 2005 y de la ex jefa de la Administración de Sistemas de Retiro, Marisol Marchand, un correo electrónico de la asesora del Primer Ejecutivo Luisa Inclán Bird al empresario de Filadelfia Cándido Negrón, así como varios informes de la Comisión Federal de Elecciones.
De igual forma, el documento incluye un correo electrónico entre el administrador de la compañía de Filadelfia Dental One, Velasco Mella y Acevedo Vilá, además de estados de cuenta de una tarjeta de crédito de Coreano.
A su vez, figura una carta de Irving Faccio, colaborador de la campaña de Acevedo Vilá, al secretario de la Gobernación Jorge Silva Puras, que data del 31 de enero de 2005.
De igual forma, incluyen documentos entre las Empresas Santana y el Gobierno de Puerto Rico, un correo electrónico entre el ex director de Finanzas de Acevedo Vilá y Negrón Mella, así como diversos cheques. Edwin Santana es el denominado “colaborador 18” en la nueva acusación contra el Gobernador, quien coopera con las autoridades y alega haber pagado $250,000 al Primer Ejecutivo y a varios de sus allegados.
Asimismo, una factura que data del 30 de agosto del 1998 de Lopito, Ileana & Howie a Triple-S por $20,000 con una carta de Elba Luz Arroyo a Miguel Vázquez Deynes que data del 6 de noviembre de 1998.
A su vez, la lista incluye como una veintena de grabaciones telefónicas.
La lista contiene documentos relacionados con el proyecto Ciudadela de Santurce, y un correo electrónico de una persona identificada como Mike Lawry a Carlos López Azua, quien es presidente del proyecto Ciudadela.
De otro lado, la fiscal María Domínguez le solicitó al juez Paul Barbadoro que le oriente sobre si en efecto, el juicio será celebrado seis días a la semana y si el jurado finalmente va a ser secuestrado.
La Fiscal observa que durante la vista de status del caso llevada a cabo el 11 de abril el Juez expresó que consideraba trabajar seis días de la semana. Sobre el particular, comenta que uno de los fiscales asignado al caso no trabaja los viernes en la noche ni los sábados por razones religiosas.
Por otra parte, en horas de la tarde de ayer se efectuó una vista de status del caso mediante teleconferencia en la sala del juez José Fusté. Durante la vista el juez Barbadoro anticipó que entre el 23 y el 24 de septiembre celebrará una vista argumentativa en la Isla sobre mociones pendientes tales como la de desestimación de los cargos, juicio por separado y la de lenguaje inflamatorio contenido en el pliego acusatorio.
http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=117765
sábado, 30 de agosto de 2008
miércoles, 20 de agosto de 2008
MAS SOBRE EL CASO DE ANIBAL
MAS SOBRE EL CASO DE ANIBAL
Más acusaciones contra el Gobernador
Fiscalía federal radica otros cinco cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Visite nuestra edición multimedia.
Por Miguel Díaz Román
El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, una de sus asesoras Luisa Inclán Bird y quien fue el director de finanzas de la campaña para la gobernación de Acevedo Vilá en el 2004, Miguel Nazario Franco, fueron acusados hoy de cinco cargos por un Gran Jurado federal.
En el pliego acusatorio de cinco cargos se alegan dos patrones de conducta delictiva. Los acusados privaron al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Aníbal Acevedo Vilá como gobernador. Específicamente se alega que durante su campaña para gobernador y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un hombre de negocios identificado en el pliego acusatorio como “el colaborador 18”.
Además, la acusación alega que durante su término como gobernador Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del “colaborador 18” y no divulgar la relación financiara que lo vinculaba con ese colaborador.
El quinto cargo de la acusación describe el segundo patrón de conducta delictiva y alega que los acusados conspiraron para hacer transacciones financieras con los fondos recibidos del “colaborador 18”.
Estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y encubrir la naturaleza y el origen del dinero el cual fue producto del fraude alegado en los cargos.
En la acusación, también se alega que la compañía de publicidad utilizada por Acevedo Vilá para la gobernación generó facturas falsas de aproximadamente $250,000 dirigidas a una de las corporaciones del “colaborador 18” por supuestos servicios rendidos a la corporación cuando en realidad la compañía de publicidad no había realizado trabajo alguno.
De ser encontrados culpables de los cargos, del uno al cuatro, se exponen a 20 años de cárcel y una multa de $250,000. Por otro lado, de ser encontrados culpables del quinto cargo se exponen a una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa del doble de la cantidad de la transacción ó $500,000, ó lo que sea mayor.
Acevedo Vilá enfrenta otros 19 cargos criminales relacionados con el financiamiento de sus dos pasadas campañas eleccionarias. Mientras estuvo como comisionado residente desde el 1999 al 2000 y la de la gobernación desde el 2003 al 2004.
Junto con el Mandatario fueron imputadas en ese entonces 12 personas allegadas a él que trabajaron en sus campañas. Entre todos, enfrentan 27 acusaciones, entre las que figuran conspiración para violar la Ley federal de Campañas Electorales, someter informes falsos a la Comisión Federal de Elecciones (CFE), transferencia electrónica fraudulenta de fondos, conspiración para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al Buró Federal de Investigaciones.
Los demás coacusados son: Inclán Bird, Nazario, José González Freyre, Ramón Velasco, Edwin Colón, Cándido Negrón, Salvatore Avanzato, Jorge Velasco, Robert M. Feldman, Marvin I. Block, Eneidy Coreano y Ricardo Colón.
http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/mas_acusaciones_contra_el_gobernador/446008
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Noticias
Aníbal de nuevo en jaque federal
Miércoles, 20 de Agosto de 2008
Rosita Marrero / Primera Hora
Cuentan al menos con dos testigos.
Un Gran Jurado federal radicó nuevos cargos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, su ex asesora legal Luisa Inclán Bird y su ex director de campaña en el 2004, Miguel Nazario Franco, por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero producto de ese fraude, relacionado con una contribución de $250 mil por parte de las Empresas Santana para su campaña a la Gobernación en el 2004.
A cambio del donativo, las autoridades federales alegan que las Empresas Santana sacaron provecho de la influencia de la Oficina del Gobernador y de su autoridad para beneficio de sus compañías.
Esta vez, el Gobernador y sus colaboradores enfrentan cargos más serios de corrupción, al imputársele conspirar para cometer lavado de dinero, que supuestamente consistió en desarrollar un alegado esquema de fraude mediante el cual realizaron transacciones financieras con el dinero ilegal recibido, para ocultar y encubrir el origen de las transacciones.
A Acevedo Vilá se le imputa específicamente “el realizar gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos de una persona identificada en el pliego acusatorio como Colaborador 18”, pero que de acuerdo con la descripción responde a uno de los directivos de las Empresas Santana.
El Gran Jurado les sometió a los acusados cuatro cargos de fraude electrónico ‘‘por privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como gobernador’’, al alegar que durante su campaña para la Gobernación, y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña solicitaron el donativo de $250 mil al Colaborador 18.
Se identifica en la acusación al Colaborador 18 como una compañía que opera bajo la sombrilla de un nombre comercial. Se indica que esta compañía tiene intereses financieros en turismo, aviación y servicio de comida a la industria, entre otros.
El documento indica que entre 2004 y 2005 los acusados se confabularon para solicitar el dinero a la compañía, que PRIMERA HORA supo es Empresas Santana.
Se sostiene que en febrero de 2006 Inclán Bird invitó al Colaborador 18 a una actividad en la que estaban Acevedo Vilá y Nazario Franco, y en la que le pidieron otros $50 mil (además de $200 mil que ya había dado), los que también se le hicieron llegar a la agencia de publicidad de la campaña. Estos fondos, se indica, no se revelaron públicamente.
En la acusación se desglosan cuatro fechas en las que se les hicieron reclamos electrónicos a Nazario Franco y a Inclán para que se pagaran las deudas del Comité de Aníbal. En uno de los mensajes se advertía que el primer pago no se había recibido.
En el mensaje a Inclán, una persona conocida por el Gran Jurado discute unos problemas que el Colaborador 18 y sus compañías estaban enfrentando con una agencia del Gobierno.
El procesamiento de este caso está a cargo de los fiscales María A. Domínguez y Ernesto López Soltero y los fiscales de la Unidad de Integridad Pública de la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington, Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn y Peter M. Koski. Los acusados enfrentan cargos estatutarios de 20 años.
http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/notatexto.aspx?t=3&n=221354
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Suman 24 los cargos de Aníbal
Por Miguel Díaz Román /
Un gran jurado acusó ayer en la tarde a Aníbal Acevedo Vilá de cuatro cargos de fraude electrónico y uno de lavado de dinero, en un supuesto esquema para allegar en secreto $250,000 a su pasada campaña para la gobernación.
El nuevo caso contra el Gobernador fue anunciado por el jefe interino de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Matthew Friedrich, y la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Esta vez, la Fiscalía anunció la nueva serie de cargos contra el Gobernador y otros dos acusados en un comunicado de dos páginas distribuido a los medios. El nuevo pliego acusatorio de nueve páginas se radicó en la secretaría del Tribunal Federal a las 5:17 de la tarde.
“No se celebrará una conferencia de prensa en deferencia a los derechos constitucionales de los acusados, quienes ya enfrentan cargos en el otro caso criminal”, dijo la Fiscalía en su escrito.
Estos cinco cargos constituyen un segundo caso federal contra Acevedo Vilá, quien ya había sido acusado, en un pliego sellado, el pasado 24 de marzo de 19 supuestas violaciones en su campaña para Comisionado Residente. Otras 12 personas vinculadas a su campaña también fueron acusadas entonces.
El nuevo caso pesa también contra Luisa Inclán Bird y Miguel Nazario Franco, acusados en el primer caso.
La abogada Inclán Bird fue asesora legal de Acevedo Vilá en la Oficina del Comisionado Residente en San Juan. Fue voluntaria de finanzas en la campaña de Acevedo Vilá para gobernador en 2004. Actualmente es asesora de Acevedo Vilá en La Fortaleza.
Por su parte, el comerciante Nazario Franco fue el director del departamento de finanzas de la campaña para gobernador de Acevedo Vilá en 2004.
Los hechos de los nuevos cargos ocurrieron entre 2004 y 2006, según la Fiscalía.
“Durante la campaña para gobernador y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un hombre de negocios de Puerto Rico, identificado como Colaborador 18, para el beneficio de Acevedo Vilá y su campaña”, detalla el parte de prensa de la Fiscalía federal.
Aníbal ya era Gobernador
La Fiscalía agregó que “durante el término como gobernador, Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del Colaborador 18 y no divulgó la relación financiera que lo vinculaba con el Colaborador 18”.
Una hora después del anuncio, tanto el Gobernador como su abogado Thomas Green respondieron con duras expresiones escritas contra la Fiscalía federal. La acusaron de persecución política y reiteraron que el Gobernador es inocente.
Green aseguró que harán todo lo posible para que el gobierno de George Bush no afecte el resultado electoral.
El evento causó sorpresa en los círculos políticos, aunque corrieron intensos rumores de que estaba a punto de concretarse otra ronda de acusaciones en el caso del Gobernador.
Caída la noche, el liderato de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista se movilizaron a sus respectivos cuarteles generales. Ahí no hubo sorpresa: el primero repudió y el segundo respaldó el nuevo paso federal.
La portavoz de la Fiscalía, Lymarie Llovet, dijo que esta vez no se arrestaría a los acusados, quienes no están obligados a entregarse. Acevedo Vilá, Inclán Bird y Nazario Franco tendrán que acudir al Tribunal Federal a una vista de lectura de cargos para alegar culpabilidad o no culpabilidad.
Los supuestos hechos en que se basan los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero se relacionan con el “Comité Aníbal 2004, Inc.”.
Empresario involucrado
La Fiscalía alega que los tres acusados solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un empresario local, identificado en el pliego acusatorio como el Colaborador 18. Este comerciante tiene negocios en las industrias de turismo, aviación y de preparación de alimentos, según el documento de las acusaciones.
Las autoridades federales indicaron que, tras recibir los $250,000, Acevedo Vilá usó su autoridad y la influencia de su oficina como Primer Ejecutivo del País para beneficio del Colaborador 18 y de sus empresas.
La campaña recibió esa suma en dos pagos en fechas distintas, uno de $200,000 y otro de $50,000 para el pago de deudas de campaña, mediante facturas falsas, según la Fiscalía.
Alegan 'pase de factura'
El pliego acusatorio agrega que, tras ser electo gobernador, Acevedo Vilá dio asistencia directa y personal al citado empresario en la discusión de propuestas para ofrecer servicios al Gobierno.
Agrega que el Primer Ejecutivo ordenó a sus ayudantes proveer asistencia al empresario en sus relaciones con el Gobierno “porque había ayudado a su campaña”.
La posible evidencia de los cargos de fraude electrónico incluye cuatro correos electrónicos, que están relacionados con el proceso de pagar las deudas de campaña. Fueron recibidos o enviados por Nazario Franco o Inclán Bird.
http://especiales.elnuevodia.com/caso_anibal/nota_terminal.aspx?aid=446386
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Imputado de recibir $250 mil
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
A casi cinco meses de haber sido acusados de violaciones a las leyes electorales, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado nuevamente ayer por un Gran Jurado, que le imputa cometer fraude para privar al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos al solicitar y recibir $250,000 de un empresario y conspiración para cometer lavado de dinero.
En este nuevo pliego acusatorio fueron acusados nuevamente la ex recaudadora del Comité de Finanzas de Acevedo Vilá y actual asesora de La Fortaleza, Luisa Inclán Bird, y el ex director de Finanzas, Miguel Nazario, quien también era miembro de la Junta de Directores de las empresas de un cooperador de las autoridades, sólo identificado en la acusación como "Colaborador 18". Fuentes de EL VOCERO informaron que este colaborador es Edwin Santana de las Empresas Santana.
Según la acusación de privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como Gobernador, se alega que durante su campaña para la gobernación y continuando con su elección, el Primer Ejecutivo y otros allegados de su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 del "Colaborador 18" para el beneficio del Mandatario y su campaña.
Asimismo, la acusación indica que durante su término como gobernador, Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del "Colaborador 18" y no divulgó la relación financiera que lo vinculaba con el empresario.
La acusación alega que entre el 2004 y 2005 los tres acusados se pusieron de acuerdo para obtener unos $200,000 del "Colaborador 18".
"Los acusados y el Colaborador 18 ocultaron $200,000 en pagos al fraudulentamente disfrazarlos como pagos bona FIDE por servicios a la (identificada en la acusación como "Compañía E") y luego la Compañía E los aplicaba a la deuda de la campaña de Acevedo Vilá. Estos pagos nunca fueron públicos", señala la acusación.
Asimismo, se alega que tras ser juramentado como gobernador, Acevedo Vilá proveyó "personal y directa asistencia" a los negocios del "Colaborador 18" al reunirse con éste para discutir propuestas relacionadas al gobierno y luego supuestamente instruyó a Inclán Bird y a otros ayudantes y subordinados a proveerle asistencia en sus asuntos con el gobierno. El documento alega que Acevedo Vilá en ocasiones, mientras solicitaba asistencia le informaba a sus ayudantes que el "Colaborador 18" había ayudado a su campaña.
El pliego acusatorio menciona además que en febrero de 2006 Inclán Bird invitó al "Colaborador 18" a un evento con Acevedo Vilá, Nazario y otros. "En ese evento partidarios pidieron $50,000 adicionales en fondos para Acevedo Vilá o su comité político", señala el documento.
Se alega que luego de solicitar los $50,000 y antes de que se completaran los pagos, Acevedo Vilá y Luisa Inclán continuaron proveyendo asistencia al "Colaborador 18" y sus negocios.
El quinto cargo del pliego acusatorio describe el segundo patrón de conducta en el cual se alega que los imputados conspiraron para hacer transacciones financieras con los fondos ilegales recibidos del "Colaborador 18".
Se alega que estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y encubrir la naturaleza y el origen del dinero, el cual fue producto del fraude alegado en los cargos uno al cuatro.
En la acusación se mencionan cuatro correos electrónicos. El primero el 13 de febrero del 2004 enviado por la "Persona A" (Noemí Díaz de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie), solicitando a Nazario pagos por las deuda. El segundo, el 2 de marzo de 2004, de Díaz a Nazario requiriendo un pago. El tercero el 30 de marzo de 2004 entre Díaz y Nazario y el cuarto, que data del 23 de mayo de 2006, enviado por una persona "conocida por el Gran Jurado" a Inclán Bird en el que se discutían asuntos del "Colaborador 18" y sus compañías.
En cuanto al lavado de dinero, la acusación también alega que la compañía de publicidad utilizada por el Gobernador para su campaña generó facturas falsas de aproximadamente $250,000 dirigidas a una de las corporaciones del "Colaborador 18", por supuestos servicios rendidos a la corporación cuando en realidad la compañía de publicidad no había realizado ningún trabajo para el empresario ni sus corporaciones.
Se alega que estas facturas fueron originadas para ocultar el hecho de que los $250,000 pagados por una de las corporaciones del "Colaborador 18" y utilizados para reducir deudas de la campaña de Acevedo Vilá fueron el producto del fraude electrónico cometidos por los acusados.
El Gobernador, Inclán Bird y Nazario se exponen a sentencias estatutarias máximas de 20 años de prisión y a una multa del doble del valor de la propiedad envuelta en la transacción o de $500,000, la cuantía que sea mayor.
La Fiscalía Federal emitió un comunicado de prensa en el que indicaban que no iban a ofrecer una rueda de prensa "en deferencia a los derechos constitucionales de los acusados, quienes ya enfrentan cargos en el caso criminal 08-cr-36".
La portavoz de prensa de la Fiscalía Federal, Lymarie Llovet, señaló que los acusados no iban a ser arrestados. Estos tendrían que comparecer a la vista de lectura de cargos, la cual aún no ha sido pautada. El caso está a cargo de los fiscales María Domínguez y Ernesto López Soltero. El juez Paul Barbadoro presidirá el caso.
http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=117377
Más acusaciones contra el Gobernador
Fiscalía federal radica otros cinco cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Visite nuestra edición multimedia.
Por Miguel Díaz Román
El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, una de sus asesoras Luisa Inclán Bird y quien fue el director de finanzas de la campaña para la gobernación de Acevedo Vilá en el 2004, Miguel Nazario Franco, fueron acusados hoy de cinco cargos por un Gran Jurado federal.
En el pliego acusatorio de cinco cargos se alegan dos patrones de conducta delictiva. Los acusados privaron al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Aníbal Acevedo Vilá como gobernador. Específicamente se alega que durante su campaña para gobernador y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un hombre de negocios identificado en el pliego acusatorio como “el colaborador 18”.
Además, la acusación alega que durante su término como gobernador Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del “colaborador 18” y no divulgar la relación financiara que lo vinculaba con ese colaborador.
El quinto cargo de la acusación describe el segundo patrón de conducta delictiva y alega que los acusados conspiraron para hacer transacciones financieras con los fondos recibidos del “colaborador 18”.
Estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y encubrir la naturaleza y el origen del dinero el cual fue producto del fraude alegado en los cargos.
En la acusación, también se alega que la compañía de publicidad utilizada por Acevedo Vilá para la gobernación generó facturas falsas de aproximadamente $250,000 dirigidas a una de las corporaciones del “colaborador 18” por supuestos servicios rendidos a la corporación cuando en realidad la compañía de publicidad no había realizado trabajo alguno.
De ser encontrados culpables de los cargos, del uno al cuatro, se exponen a 20 años de cárcel y una multa de $250,000. Por otro lado, de ser encontrados culpables del quinto cargo se exponen a una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa del doble de la cantidad de la transacción ó $500,000, ó lo que sea mayor.
Acevedo Vilá enfrenta otros 19 cargos criminales relacionados con el financiamiento de sus dos pasadas campañas eleccionarias. Mientras estuvo como comisionado residente desde el 1999 al 2000 y la de la gobernación desde el 2003 al 2004.
Junto con el Mandatario fueron imputadas en ese entonces 12 personas allegadas a él que trabajaron en sus campañas. Entre todos, enfrentan 27 acusaciones, entre las que figuran conspiración para violar la Ley federal de Campañas Electorales, someter informes falsos a la Comisión Federal de Elecciones (CFE), transferencia electrónica fraudulenta de fondos, conspiración para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al Buró Federal de Investigaciones.
Los demás coacusados son: Inclán Bird, Nazario, José González Freyre, Ramón Velasco, Edwin Colón, Cándido Negrón, Salvatore Avanzato, Jorge Velasco, Robert M. Feldman, Marvin I. Block, Eneidy Coreano y Ricardo Colón.
http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/mas_acusaciones_contra_el_gobernador/446008
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Noticias
Aníbal de nuevo en jaque federal
Miércoles, 20 de Agosto de 2008
Rosita Marrero / Primera Hora
Cuentan al menos con dos testigos.
Un Gran Jurado federal radicó nuevos cargos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, su ex asesora legal Luisa Inclán Bird y su ex director de campaña en el 2004, Miguel Nazario Franco, por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero producto de ese fraude, relacionado con una contribución de $250 mil por parte de las Empresas Santana para su campaña a la Gobernación en el 2004.
A cambio del donativo, las autoridades federales alegan que las Empresas Santana sacaron provecho de la influencia de la Oficina del Gobernador y de su autoridad para beneficio de sus compañías.
Esta vez, el Gobernador y sus colaboradores enfrentan cargos más serios de corrupción, al imputársele conspirar para cometer lavado de dinero, que supuestamente consistió en desarrollar un alegado esquema de fraude mediante el cual realizaron transacciones financieras con el dinero ilegal recibido, para ocultar y encubrir el origen de las transacciones.
A Acevedo Vilá se le imputa específicamente “el realizar gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos de una persona identificada en el pliego acusatorio como Colaborador 18”, pero que de acuerdo con la descripción responde a uno de los directivos de las Empresas Santana.
El Gran Jurado les sometió a los acusados cuatro cargos de fraude electrónico ‘‘por privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como gobernador’’, al alegar que durante su campaña para la Gobernación, y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña solicitaron el donativo de $250 mil al Colaborador 18.
Se identifica en la acusación al Colaborador 18 como una compañía que opera bajo la sombrilla de un nombre comercial. Se indica que esta compañía tiene intereses financieros en turismo, aviación y servicio de comida a la industria, entre otros.
El documento indica que entre 2004 y 2005 los acusados se confabularon para solicitar el dinero a la compañía, que PRIMERA HORA supo es Empresas Santana.
Se sostiene que en febrero de 2006 Inclán Bird invitó al Colaborador 18 a una actividad en la que estaban Acevedo Vilá y Nazario Franco, y en la que le pidieron otros $50 mil (además de $200 mil que ya había dado), los que también se le hicieron llegar a la agencia de publicidad de la campaña. Estos fondos, se indica, no se revelaron públicamente.
En la acusación se desglosan cuatro fechas en las que se les hicieron reclamos electrónicos a Nazario Franco y a Inclán para que se pagaran las deudas del Comité de Aníbal. En uno de los mensajes se advertía que el primer pago no se había recibido.
En el mensaje a Inclán, una persona conocida por el Gran Jurado discute unos problemas que el Colaborador 18 y sus compañías estaban enfrentando con una agencia del Gobierno.
El procesamiento de este caso está a cargo de los fiscales María A. Domínguez y Ernesto López Soltero y los fiscales de la Unidad de Integridad Pública de la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington, Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn y Peter M. Koski. Los acusados enfrentan cargos estatutarios de 20 años.
http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/notatexto.aspx?t=3&n=221354
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Suman 24 los cargos de Aníbal
Por Miguel Díaz Román /
Un gran jurado acusó ayer en la tarde a Aníbal Acevedo Vilá de cuatro cargos de fraude electrónico y uno de lavado de dinero, en un supuesto esquema para allegar en secreto $250,000 a su pasada campaña para la gobernación.
El nuevo caso contra el Gobernador fue anunciado por el jefe interino de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Matthew Friedrich, y la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Esta vez, la Fiscalía anunció la nueva serie de cargos contra el Gobernador y otros dos acusados en un comunicado de dos páginas distribuido a los medios. El nuevo pliego acusatorio de nueve páginas se radicó en la secretaría del Tribunal Federal a las 5:17 de la tarde.
“No se celebrará una conferencia de prensa en deferencia a los derechos constitucionales de los acusados, quienes ya enfrentan cargos en el otro caso criminal”, dijo la Fiscalía en su escrito.
Estos cinco cargos constituyen un segundo caso federal contra Acevedo Vilá, quien ya había sido acusado, en un pliego sellado, el pasado 24 de marzo de 19 supuestas violaciones en su campaña para Comisionado Residente. Otras 12 personas vinculadas a su campaña también fueron acusadas entonces.
El nuevo caso pesa también contra Luisa Inclán Bird y Miguel Nazario Franco, acusados en el primer caso.
La abogada Inclán Bird fue asesora legal de Acevedo Vilá en la Oficina del Comisionado Residente en San Juan. Fue voluntaria de finanzas en la campaña de Acevedo Vilá para gobernador en 2004. Actualmente es asesora de Acevedo Vilá en La Fortaleza.
Por su parte, el comerciante Nazario Franco fue el director del departamento de finanzas de la campaña para gobernador de Acevedo Vilá en 2004.
Los hechos de los nuevos cargos ocurrieron entre 2004 y 2006, según la Fiscalía.
“Durante la campaña para gobernador y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un hombre de negocios de Puerto Rico, identificado como Colaborador 18, para el beneficio de Acevedo Vilá y su campaña”, detalla el parte de prensa de la Fiscalía federal.
Aníbal ya era Gobernador
La Fiscalía agregó que “durante el término como gobernador, Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del Colaborador 18 y no divulgó la relación financiera que lo vinculaba con el Colaborador 18”.
Una hora después del anuncio, tanto el Gobernador como su abogado Thomas Green respondieron con duras expresiones escritas contra la Fiscalía federal. La acusaron de persecución política y reiteraron que el Gobernador es inocente.
Green aseguró que harán todo lo posible para que el gobierno de George Bush no afecte el resultado electoral.
El evento causó sorpresa en los círculos políticos, aunque corrieron intensos rumores de que estaba a punto de concretarse otra ronda de acusaciones en el caso del Gobernador.
Caída la noche, el liderato de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista se movilizaron a sus respectivos cuarteles generales. Ahí no hubo sorpresa: el primero repudió y el segundo respaldó el nuevo paso federal.
La portavoz de la Fiscalía, Lymarie Llovet, dijo que esta vez no se arrestaría a los acusados, quienes no están obligados a entregarse. Acevedo Vilá, Inclán Bird y Nazario Franco tendrán que acudir al Tribunal Federal a una vista de lectura de cargos para alegar culpabilidad o no culpabilidad.
Los supuestos hechos en que se basan los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero se relacionan con el “Comité Aníbal 2004, Inc.”.
Empresario involucrado
La Fiscalía alega que los tres acusados solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un empresario local, identificado en el pliego acusatorio como el Colaborador 18. Este comerciante tiene negocios en las industrias de turismo, aviación y de preparación de alimentos, según el documento de las acusaciones.
Las autoridades federales indicaron que, tras recibir los $250,000, Acevedo Vilá usó su autoridad y la influencia de su oficina como Primer Ejecutivo del País para beneficio del Colaborador 18 y de sus empresas.
La campaña recibió esa suma en dos pagos en fechas distintas, uno de $200,000 y otro de $50,000 para el pago de deudas de campaña, mediante facturas falsas, según la Fiscalía.
Alegan 'pase de factura'
El pliego acusatorio agrega que, tras ser electo gobernador, Acevedo Vilá dio asistencia directa y personal al citado empresario en la discusión de propuestas para ofrecer servicios al Gobierno.
Agrega que el Primer Ejecutivo ordenó a sus ayudantes proveer asistencia al empresario en sus relaciones con el Gobierno “porque había ayudado a su campaña”.
La posible evidencia de los cargos de fraude electrónico incluye cuatro correos electrónicos, que están relacionados con el proceso de pagar las deudas de campaña. Fueron recibidos o enviados por Nazario Franco o Inclán Bird.
http://especiales.elnuevodia.com/caso_anibal/nota_terminal.aspx?aid=446386
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Imputado de recibir $250 mil
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
A casi cinco meses de haber sido acusados de violaciones a las leyes electorales, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado nuevamente ayer por un Gran Jurado, que le imputa cometer fraude para privar al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos al solicitar y recibir $250,000 de un empresario y conspiración para cometer lavado de dinero.
En este nuevo pliego acusatorio fueron acusados nuevamente la ex recaudadora del Comité de Finanzas de Acevedo Vilá y actual asesora de La Fortaleza, Luisa Inclán Bird, y el ex director de Finanzas, Miguel Nazario, quien también era miembro de la Junta de Directores de las empresas de un cooperador de las autoridades, sólo identificado en la acusación como "Colaborador 18". Fuentes de EL VOCERO informaron que este colaborador es Edwin Santana de las Empresas Santana.
Según la acusación de privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como Gobernador, se alega que durante su campaña para la gobernación y continuando con su elección, el Primer Ejecutivo y otros allegados de su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 del "Colaborador 18" para el beneficio del Mandatario y su campaña.
Asimismo, la acusación indica que durante su término como gobernador, Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del "Colaborador 18" y no divulgó la relación financiera que lo vinculaba con el empresario.
La acusación alega que entre el 2004 y 2005 los tres acusados se pusieron de acuerdo para obtener unos $200,000 del "Colaborador 18".
"Los acusados y el Colaborador 18 ocultaron $200,000 en pagos al fraudulentamente disfrazarlos como pagos bona FIDE por servicios a la (identificada en la acusación como "Compañía E") y luego la Compañía E los aplicaba a la deuda de la campaña de Acevedo Vilá. Estos pagos nunca fueron públicos", señala la acusación.
Asimismo, se alega que tras ser juramentado como gobernador, Acevedo Vilá proveyó "personal y directa asistencia" a los negocios del "Colaborador 18" al reunirse con éste para discutir propuestas relacionadas al gobierno y luego supuestamente instruyó a Inclán Bird y a otros ayudantes y subordinados a proveerle asistencia en sus asuntos con el gobierno. El documento alega que Acevedo Vilá en ocasiones, mientras solicitaba asistencia le informaba a sus ayudantes que el "Colaborador 18" había ayudado a su campaña.
El pliego acusatorio menciona además que en febrero de 2006 Inclán Bird invitó al "Colaborador 18" a un evento con Acevedo Vilá, Nazario y otros. "En ese evento partidarios pidieron $50,000 adicionales en fondos para Acevedo Vilá o su comité político", señala el documento.
Se alega que luego de solicitar los $50,000 y antes de que se completaran los pagos, Acevedo Vilá y Luisa Inclán continuaron proveyendo asistencia al "Colaborador 18" y sus negocios.
El quinto cargo del pliego acusatorio describe el segundo patrón de conducta en el cual se alega que los imputados conspiraron para hacer transacciones financieras con los fondos ilegales recibidos del "Colaborador 18".
Se alega que estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y encubrir la naturaleza y el origen del dinero, el cual fue producto del fraude alegado en los cargos uno al cuatro.
En la acusación se mencionan cuatro correos electrónicos. El primero el 13 de febrero del 2004 enviado por la "Persona A" (Noemí Díaz de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie), solicitando a Nazario pagos por las deuda. El segundo, el 2 de marzo de 2004, de Díaz a Nazario requiriendo un pago. El tercero el 30 de marzo de 2004 entre Díaz y Nazario y el cuarto, que data del 23 de mayo de 2006, enviado por una persona "conocida por el Gran Jurado" a Inclán Bird en el que se discutían asuntos del "Colaborador 18" y sus compañías.
En cuanto al lavado de dinero, la acusación también alega que la compañía de publicidad utilizada por el Gobernador para su campaña generó facturas falsas de aproximadamente $250,000 dirigidas a una de las corporaciones del "Colaborador 18", por supuestos servicios rendidos a la corporación cuando en realidad la compañía de publicidad no había realizado ningún trabajo para el empresario ni sus corporaciones.
Se alega que estas facturas fueron originadas para ocultar el hecho de que los $250,000 pagados por una de las corporaciones del "Colaborador 18" y utilizados para reducir deudas de la campaña de Acevedo Vilá fueron el producto del fraude electrónico cometidos por los acusados.
El Gobernador, Inclán Bird y Nazario se exponen a sentencias estatutarias máximas de 20 años de prisión y a una multa del doble del valor de la propiedad envuelta en la transacción o de $500,000, la cuantía que sea mayor.
La Fiscalía Federal emitió un comunicado de prensa en el que indicaban que no iban a ofrecer una rueda de prensa "en deferencia a los derechos constitucionales de los acusados, quienes ya enfrentan cargos en el caso criminal 08-cr-36".
La portavoz de prensa de la Fiscalía Federal, Lymarie Llovet, señaló que los acusados no iban a ser arrestados. Estos tendrían que comparecer a la vista de lectura de cargos, la cual aún no ha sido pautada. El caso está a cargo de los fiscales María Domínguez y Ernesto López Soltero. El juez Paul Barbadoro presidirá el caso.
http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=117377
PUERTO RICO GOVERNOR, SENIOR AIDE AND FORMER CAMPAIGN DIRECTOR INDICTED ON WIRE FRAUD AND MONEY LAUNDERING CHARGES
FBI SAN JUAN
FOR IMMEDIATE RELEASE
AUGUST 19, 2008
PUERTO RICO GOVERNOR, SENIOR AIDE AND FORMER CAMPAIGN DIRECTOR INDICTED ON WIRE FRAUD AND MONEY LAUNDERING CHARGES
WASHINGTON - A federal grand jury in San Juan, Puerto Rico, today returned an indictment against Puerto Rico Governor Aníbal Acevedo Vilá, a senior aide and a former campaign director for wire fraud and conspiracy to commit money laundering, Acting Assistant Attorney General Matthew Friedrich of the Criminal Division and U.S. Attorney for the District of Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez announced. Today's indictment follows an earlier indictment, returned on March 24, 2008, which charged these same defendants and others with related crimes.
The five-count indictment returned today in U.S. District Court in Puerto Rico, charges Acevedo Vilá, 46, of San Juan; Luisa Inclán Bird, 47, of Guaynabo, Puerto Rico; and Miguel Nazario Franco, 61, of San Juan with honest services wire fraud and conspiracy to commit money laundering. Acevedo Vilá was Puerto Rico's Resident Commissioner in the U.S. House of Representatives between 2001 and 2005, and has been the Governor of Puerto Rico since 2005. Inclán Bird, a lawyer, was a legal advisor for the San Juan Resident Commissioner Office when defendant Acevedo Vilá served as Resident Commissioner and a volunteer in the finance department for Acevedo Vilá's 2004 gubernatorial campaign. Currently, Inclán Bird is a senior advisor for Governor Acevedo Vilá. Nazario Franco, a businessman in Puerto Rico, was director of the finance department for Acevedo Vilá's 2004 gubernatorial campaign.
According to the indictment, the charges are focused on two related courses of conduct. The first, in counts one through four, alleges that the defendants deprived the citizens of Puerto Rico of the honest services of Acevedo Vilá as Governor of the Commonwealth of Puerto Rico. Specifically, the indictment alleges that during his campaign for governor, and continuing after he was elected and inaugurated, Acevedo Vilá and others connected with his campaign solicited and received approximately $250,000 from a local businessman, referred to as "Collaborator 18," for the benefit of Acevedo Vilá and his campaign. Furthermore, the indictment alleges that during his term as governor, Acevedo Vilá participated in official actions intended to aid the business interests of Collaborator 18, while failing to disclose the nature and extent of his financial relationship with Collaborator 18.
In the indictment, count five sets forth the second related course of conduct and alleges that the defendants conspired to conduct financial transactions with the illegal funds provided by Collaborator 18. These transactions were designed to conceal and disguise the nature and the source of the money, which constituted the proceeds of the honest services fraud alleged in the earlier counts. The indictment further alleges that the media company used by Acevedo Vilá's campaign created approximately $250,000 in fake invoices, which were provided to Collaborator 18's company under the guise that the media company had provided bona fide services when, in fact, it had done no work for Collaborator 18 or his company. These invoices were designed to conceal the fact that the $250,000, which was subsequently paid by Collaborator 18's company and used to offset debts incurred by the campaign, was the proceeds of the honest services fraud perpetrated by the defendants.
If convicted on counts one through four, each defendant faces a maximum of 20 years in prison and a $250,000 fine. If convicted on the fifth count, each defendant faces a maximum of 20 years in prison and a fine of twice the value of the property involved in the transaction or $500,000 - whichever is greater.
This case is being prosecuted by First Assistant U.S. Attorney María A. Domínguez and Assistant U.S. Attorney Ernesto López of the District of Puerto Rico, as well as Trial Attorneys Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn and Peter M. Koski of the Criminal Division's Public Integrity Section. The Public Integrity Section is headed by Chief William M. Welch, II. The case is being investigated by the FBI and Internal Revenue Service, with assistance and cooperation from the Office of the Comptroller of Puerto Rico.
The investigation into related corruption and other crimes is ongoing in the District of Puerto Rico. An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
http://sanjuan.fbi.gov/dojpressrel/2008/sj081908.htm
FOR IMMEDIATE RELEASE
AUGUST 19, 2008
PUERTO RICO GOVERNOR, SENIOR AIDE AND FORMER CAMPAIGN DIRECTOR INDICTED ON WIRE FRAUD AND MONEY LAUNDERING CHARGES
WASHINGTON - A federal grand jury in San Juan, Puerto Rico, today returned an indictment against Puerto Rico Governor Aníbal Acevedo Vilá, a senior aide and a former campaign director for wire fraud and conspiracy to commit money laundering, Acting Assistant Attorney General Matthew Friedrich of the Criminal Division and U.S. Attorney for the District of Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez announced. Today's indictment follows an earlier indictment, returned on March 24, 2008, which charged these same defendants and others with related crimes.
The five-count indictment returned today in U.S. District Court in Puerto Rico, charges Acevedo Vilá, 46, of San Juan; Luisa Inclán Bird, 47, of Guaynabo, Puerto Rico; and Miguel Nazario Franco, 61, of San Juan with honest services wire fraud and conspiracy to commit money laundering. Acevedo Vilá was Puerto Rico's Resident Commissioner in the U.S. House of Representatives between 2001 and 2005, and has been the Governor of Puerto Rico since 2005. Inclán Bird, a lawyer, was a legal advisor for the San Juan Resident Commissioner Office when defendant Acevedo Vilá served as Resident Commissioner and a volunteer in the finance department for Acevedo Vilá's 2004 gubernatorial campaign. Currently, Inclán Bird is a senior advisor for Governor Acevedo Vilá. Nazario Franco, a businessman in Puerto Rico, was director of the finance department for Acevedo Vilá's 2004 gubernatorial campaign.
According to the indictment, the charges are focused on two related courses of conduct. The first, in counts one through four, alleges that the defendants deprived the citizens of Puerto Rico of the honest services of Acevedo Vilá as Governor of the Commonwealth of Puerto Rico. Specifically, the indictment alleges that during his campaign for governor, and continuing after he was elected and inaugurated, Acevedo Vilá and others connected with his campaign solicited and received approximately $250,000 from a local businessman, referred to as "Collaborator 18," for the benefit of Acevedo Vilá and his campaign. Furthermore, the indictment alleges that during his term as governor, Acevedo Vilá participated in official actions intended to aid the business interests of Collaborator 18, while failing to disclose the nature and extent of his financial relationship with Collaborator 18.
In the indictment, count five sets forth the second related course of conduct and alleges that the defendants conspired to conduct financial transactions with the illegal funds provided by Collaborator 18. These transactions were designed to conceal and disguise the nature and the source of the money, which constituted the proceeds of the honest services fraud alleged in the earlier counts. The indictment further alleges that the media company used by Acevedo Vilá's campaign created approximately $250,000 in fake invoices, which were provided to Collaborator 18's company under the guise that the media company had provided bona fide services when, in fact, it had done no work for Collaborator 18 or his company. These invoices were designed to conceal the fact that the $250,000, which was subsequently paid by Collaborator 18's company and used to offset debts incurred by the campaign, was the proceeds of the honest services fraud perpetrated by the defendants.
If convicted on counts one through four, each defendant faces a maximum of 20 years in prison and a $250,000 fine. If convicted on the fifth count, each defendant faces a maximum of 20 years in prison and a fine of twice the value of the property involved in the transaction or $500,000 - whichever is greater.
This case is being prosecuted by First Assistant U.S. Attorney María A. Domínguez and Assistant U.S. Attorney Ernesto López of the District of Puerto Rico, as well as Trial Attorneys Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn and Peter M. Koski of the Criminal Division's Public Integrity Section. The Public Integrity Section is headed by Chief William M. Welch, II. The case is being investigated by the FBI and Internal Revenue Service, with assistance and cooperation from the Office of the Comptroller of Puerto Rico.
The investigation into related corruption and other crimes is ongoing in the District of Puerto Rico. An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
http://sanjuan.fbi.gov/dojpressrel/2008/sj081908.htm
jueves, 14 de agosto de 2008
Arrestan a ex cuñado de Anibal
Luis Herrero Rovira
Ex cuñado de Anibal Acevedo Vila
Arrestado por fraude electronico
Los cargos
Según el pliego acusatorio, uno de los cargos es por fraude electrónico, otro es por lograr común acuerdo para adelantar el fraude y el tercero es de confiscación, que pretende recuperar de los bienes de los acusados lo dineros obtenidos ilegalmente. Los acusados se hacían pasar como corredores de valores y ofrecían a los posibles inversionistas un programa de inversión de alto rendimiento, que garantizaba ganancias sustanciales y sin riesgo alguno. Las inversiones se efectuarían en el llamado mercado hipotecario secundario a través de las empresas POLARCO y CLIEGG.
Pero según el pliego acusatorio, ni los corredores ni las empresas tenían licencias de la Comisión Federal de Valores (SEC por su siglas en inglés) y del Comisionado de Instituciones Financieras.Los acusados obtuvieron $290,000 de dos inversionistas identificados en el pliego acusatorio por las siglas E.S.C y W.I.C., quienes obtuvieron el dinero tras vender unas propiedades.
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Arrestan a ex cuñado del Gobernador
Gran Jurado federal acusa a Luis Herrera Rovira y a Raúl Paul Flores por fraude electrónico.
En la foto, Elba Acevedo Vilá, hermana del Gobernador, y su ex esposo, Luis Herrero, durante una cena benéfica a la que asistieron al año pasado. (Archivo)
Por ELNUEVODIA.COM
Agentes federales arrestaron a dos empresarios por fraude electrónico, uno de ellos un ex cuñado del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Según informó Harry Rodríguez, portavoz en la Isla del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Raúl Pol Flores fue arrestado esta mañana en Dorado, mientras que Luis Herrero Rovira fue detenido ayer en Río Piedras. Este último estuvo casado con una de las hermanas del Primer Mandatario.
Harry Rodríguez, portavoz en del FBI
“Básicamente, estaban usando el dinero de los inversionistas para su uso personal”
Ambos fueron acusados por un gran jurado de 10 cargos por fraude electrónico. “Herrero Rovira y Pol Flores eran presidentes de dos compañías de inversiones y alegadamente desfalcaron a unos inversionistas por aproximadamente $300,000”, dijo Rodríguez.
El portavoz del FBI no comentó si el caso está relacionado con las acusaciones federales que pesan contra Acevedo Vilá.
Por su parte, el Gobernador no emitió comentarios cuando la prensa le preguntó sobre el arresto de su ex cuñado durante una conferencia de prensa en Caguas para anunciar la instalación de cámaras de seguridad en 400 escuelas.
La Oficina de Prensa de La Fortaleza envió una comunicación escrita indicando que Acevedo Vilá no hará declaraciones al respecto por ser un asunto privado.
“Todo el mundo conoce que el Gobernador tiene una relación muy estrecha con su familia y que adora a su hermana Elba y a sus sobrinos los quiere como si fueran sus hijos. Es una situación muy triste”, reza el escueto el comunicado.
http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/arrestan_a_ex_cunado_del_gobernador/443702
viernes, 1 de agosto de 2008
Elvin Camacho Velez, PPD: CORRUPTO
ACUSADO DE EXTORSION Y HURTO AL GOBIERNO FEDERAL
Elvin Camacho Velez
Candidato popular a
representante por el distrito 20
Elvin Camacho Velez, el director de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Publicas (OMEP) en la region de Mayaguez, , fue acusado de extorsionar a un contratista y de hurtar dinero al gobierno federal.
Camacho Velez, arrestado por agentes del FBI, le pidio al contratista que cobrara mas por los servicios que ofreceria a unas escuelas del area oeste y que, de ese dinero adicional, le diera 12,000 dolares para su campana politica. El contrato inicial era por 27,426 dolares, pero Camacho Velez le dijo al contratista que OMEP tenia disponible $47,000 para esas labores. Fue entonces cuando le solicito que aumentara la cotizacion a 46,837 dolares, de los cuales debia darle $12,000 para su campana politica y quedarse con el resto. El funcionario se expone a un maximo de 20 años de prision y a multas ascendentes a 250,000 dolares. Segun las autoridades federales, la investigacion comenzo el 18 de julio de 2008, dia en que Camacho Velez le solicito el dinero al contratista.
Elvin Camacho: Cae por ‘pago debajo de la mesa’
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
El director regional de la Oficina del Mejoramiento de las Escuelas Públicas y candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la Cámara de Representantes por el distrito 20, Elvin Camacho Vélez, fue acusado de cometer hurto a programas federales y extorsión, luego de que alegadamente solicitara y aceptara $12,000 para cubrir gastos de su campaña política durante transacciones que fueron grabadas.
“Básicamente lo cogimos con las manos en la masa… la evidencia es sólida”, afirmó el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli, durante una rueda de prensa junto a la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, y otros funcionarios de esa agencia.
Rodríguez indicó que entre el 18 y 30 de junio del año en curso, el imputado se reunió con un contratista que no fue identificado y que coopera con las autoridades, a fin de ofrecerle varios contratos para el mejoramiento de escuelas públicas en los pueblos de Añasco y San Sebastián.
Se alega que Camacho Vélez le informó a ese contratista que había una cantidad de aproximadamente $45 mil disponibles para realizar las obras.
De acuerdo con la acusación, el candidato político le solicitó al contratista que inflara las cotizaciones, que originalmente eran de $27,000 para estos tres proyectos, y que llegara a $46,837, y le aseguró a éste que luego de adjudicar los contratos se dividirían el dinero sobrante entre los dos.
Según la acusación, Camacho Vélez le comentó al contratista que él necesitaba $12,000 para cubrir los gastos de su campaña política.
“Ayer en la tarde, Camacho Vélez y el contratista se reunieron, firmaron los documentos relativos a las obras para los arreglos de dichas escuelas. Camacho Vélez aceptó la cantidad de $12,000 en efectivo como ‘kickback’ por parte del contratista”, afirmó Rodríguez. Posteriormente, el acusado fue arrestado a eso de las 5:30 p.m. por agentes del FBI en un restaurante en el centro comercial Western Plaza Shopping Mall en Mayagüez. Tras su arresto, los agentes del FBI recuperaron los $12,000 que le fueron pagados por el contratista.
“Hemos trabajado este caso desde el 18 de julio en una investigación rápida en la que se nos indicó que había fondos federales de por medio. Esta transacción de ayer fue grabada en vídeo y audio. La evidencia es sólida”, apuntó Fraticelli.
QUEDA 'RETRATADO'
Las autoridades federales cuentan con tres grabaciones de conversaciones en persona, una mediante teléfono y dos vídeos en persona. Según la acusación, el FBI cuenta con un vídeo que muestra el momento en que Camacho Vélez se metía en el bolsillo de su camisa una nota en la que se informaba las cifras correctas y las infladas de los tres contratos.
“La Fiscalía continuará investigando y procesando a funcionarios públicos que abusen de sus posiciones para beneficio personal. La confianza que el pueblo deposita en estos funcionarios, cuyo deber es velar por el buen uso de fondos públicos, se ve quebrantada cada vez que se otorgan contratos a cambio de dinero debajo de la mesa. El robo de fondos destinados a mejorar las escuelas públicas para pagar gastos de campañas políticas atenta contra el bienestar de nuestras escuelas y nuestros niños”, manifestó Rodríguez.
Entretanto, Fraticelli comentó que “es deplorable que Elvin Camacho Vélez, a quien se le otorgó la responsabilidad de dirigir el futuro educacional de nuestros niños, se le acuse y arreste por actividades corruptas solamente para obtener un beneficio personal y para impulsar su campaña política. Aquellos que corrompen la sociedad son igual de malvados que aquellos que violan la confianza del pueblo”.
Camacho Vélez fue ingresado el miércoles en la noche en el Centro de Detención de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés). En la mañana de ayer compareció a la vista inicial ante el magistrado Bruce McGiverin, quien le impuso una fianza de $50,000 la que debe prestar en 10 días laborables. La vista formal de lectura de acusaciones y de fianza fue pautada para el 14 de agosto.
El imputado se expone a sentencias máximas estatutarias de 20 años de prisión y a multas ascendentes a un cuarto de millón de dólares.
El acusado, quien estaba ataviado del ‘mameluco’ de preso, se mostró sereno durante el proceso. En sala se encontraba su familia.
A preguntas de EL VOCERO sobre si hay otros contratistas involucrados, Rodríguez advirtió que van a seguir investigando cualquier incidente en que haya fondos públicos y en el que cualquier funcionario los use para beneficio personal.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la radicación de acusaciones a menos de 100 días de las elecciones, Rodríguez afirmó que “estamos aquí porque Elvin Camacho Vélez solicitó dinero por debajo de la mesa”. Asimismo, apuntó que el deber de las autoridades federales es investigar cualquier violación a los estatutos federales.
De hecho, destacó que el pasado martes las autoridades federales en Estados Unidos acusaron al senador por Alaska y candidato a la reelección, Ted Stevens, por alegadamente recibir más de $250,000 en regalos y servicios personales de una compañía petrolera.
De otro lado, a su salida del Tribunal Federal Camacho Vélez dijo a preguntas de la prensa que analizará si continuará con sus aspiraciones políticas. “Eso es algo que se atenderá en su momento”, expresó. Al tiempo, mantuvo que “soy una persona seria y responsable”. Indicó que la verdad se sabrá en su momento.
Mientras su abogado, Juan Matos, señaló que “la Fiscalía ya tuvo su conferencia de prensa, vamos a litigar el caso donde tiene que litigarse, que es la corte y vamos a ver la evidencia que tiene el Gobierno”.
http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=116527
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