miércoles, 30 de mayo de 2012

Guiso a billetazo limpio

Guiso a billetazo limpio

30 de mayo de 2012 - Política, Puerto Rico -
Un análisis del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor durante los ocho años del PPD reflejó que se otorgaron más de $14 mil millones en contratos de servicios y asesorías a contratistas privados allegados al Partido Popular Democrático
La repartición de más de $14 mil millones en contratos de servicios y asesorías a contratistas privados allegados al Partido Popular Democrático (PPD) entre los años 2001 a 2008, incluyó aproximadamente $900 millones para gastos de publicidad, $2,600 millones en adiestramientos y orientación, $1,000 millones en abogados, $7,000 millones en consultorías administrativas, técnicos y contabilidad y $765 millones en procesamiento de datos.
Servicios de Publicidad
Un análisis del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor durante los ocho años del PPD reflejó que se otorgaron 35 mil contratos, por la suma total de $900 millones para servicios de publicidad.
En esa lista de contratistas figuran la firma publicitaria Lopito, Ileana & Howie y varias de sus subsidiarias, que tuvieron contratos por casi $300 millones durante esos ocho años. Además de ser las principales agencias de publicidad de las anteriores administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, también desempeñaron ese papel en las campañas políticas del PPD desde la década de 1990.
Otras de las empresas favorecidas por los populares fueron Milestone Communications, del conocido activista popular y propietario de la emisora Radio Isla, Eduardo Rivero, con más de $15 millones. Otra agencia de publicidad que trabajó campañas del PPD y que recibió grandes contratos de sus administraciones fue Eje Sociedad Publicitaria, de Edgardo Rivera, con $38 millones.
También guisaron, Arteaga y Arteaga Advertising, de Juan Arteaga Medraño, con $41 millones; Flora Communications, del extelereportero Jorge Orama, con $18 millones; Kroma Advertising, de Bernardo Medina –quien ha colaborado con la producción de anuncios de García Padilla– por más de $8 millones; y hasta Happy Productions, de Luisito Vigoreaux, con $1.7 millones. Algunas de esas empresas –como la de Vigoreaux– tuvieron otros tipos de contratos millonarios con el Gobierno por servicios de adiestramiento, orientación y subsidios salariales a sus empleados. Por ese concepto adicional, Vigoreaux obtuvo otros $1.6 millones.
También figuran con contratos algunos relacionistas públicos vinculados a la colectividad de Puerta de Tierra, entre ellos la empresa Comstat –que presidía Marisara Pont–  de quien se ha dicho es la actual asesora de imagen del candidato a la Gobernación, Alejandro García Padilla, con casi $600 mil; José Castrodad, con más de $620 mil a varias agencias –incluyendo la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza y hasta el recientemente nombrado representante del PPD en la junta investigadora de primarias de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el exsecretario general del PPD, Fernando Torres Ramírez– con casi $200 mil, entre otros.
Servicios de Adiestramiento y Orientación
Otra de las partidas grandes en contratos otorgados fue la de servicios de adiestramientos y orientación a estudiantes, trabajadores y otros sectores poblacionales con desventajas, incluidos subsidios salariales. Durante esos ocho años, se otorgaron 80 mil contratos al sector privado y organizaciones por la friolera de más de $2,600 millones.
Entre las empresas más beneficiadas para ese tiempo por este tipo de contratos figuraron Rocket Learning, con $91 millones; Amar Educational Services, con más de $88 millones; la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa, con $87 millones; Braxton School, con $70 millones; Centro de Capacitación y Asesoramiento, con $62 millones; la Institución Educativa Nets, con $56 millones; José Areizaga, con $55 millones; Cosey y Learning Alliances, con $52 millones cada una; Virtual Educational Resources Network, con $47 millones; National Educational & Technological Services, con $38 millones; Computer Learning Center, con $36 millones; América Aponte, con $33 millones; José Alberty Monroig, con $23 millones; y Edic College, con $22 millones.
También recibieron contratos multimillonarios de adiestramiento y orientación Oscar Prieto Morgado, con $19 millones; Grupo Novel, con $18 millones; Consulting Corporation-Mariano Ortiz Rivera, con $16 millones; Quality Educational Services, Inc. y Rock Solid Technologies, con $12 millones, respectivamente.
Algunas de las agraciadas con contrataciones entre los $5 millones a $10 millones fueron: Decision, Inc., Empresas Atilano Cordero Badillo, Instituto Nacional Complementario para la Excelencia, Workforce Training & Employment Center, American Managment, Holistic Group, Centro de Desarrollo Tecnológico, Instituto Modelo de Enseñanza Individual, Capacitate with Quality and Novelties, Creative Educational & Psychological Services, Casa Grande Interactive Communications, General Training Partnership Advisory Group y Supporting Business Growth Corporation.
Entre muchas de las empresas que recibieron contratos figuran conocidos donantes y colaboradores de las campañas del PPD. Por ejemplo, un nombre que resalta es Enrique Vilá del Corral, miembro del comité de campaña de Sila Calderón y quien también recibió contratos por más de $5 millones en servicios de entrenamiento y orientación, de consultoría administrativa y contabilidad. También, contrató por servicios de tecnología y procesamiento de datos.
Servicios Legales
Se otorgaron 13 mil contratos por más de $1,000 millones para servicios legales, entre los cuales están incluidos varios comentaristas radiales de política y un director de campaña del PPD. Por ejemplo, el comentarista Luis Pabón Roca y su socio Irving Faccio, actual director de la campaña de García Padilla, recibieron casi $5 millones entre los años 2001-08. Durante el presente cuatrienio, el bufete ha continuado recibiendo contratos por más de $1 millón de municipios populares, como el de Coamo, donde el alcalde es hermano del líder de la Pava. Ayer informaron que también tienen contrataciones con municipios azules.
Entre los abogados mas beneficiados, también sobresalen el recaudador de fondos y abogado del PPD, Pedro Ortiz Álvarez, con mas de $16 millones; el conocido asesor electoral Nicolás Gautier, con más de $1 millón; René Arrillaga, también con más de $1 millón; el bufete Sánchez Betances, Sifre, Muñoz Noya & Rivera, con $11 millones; otro conocido recaudador y abogado Edwin Quiñones, con $5 millones; el bufete Winston & Strawn, también con $11 millones por servicios legales a varias agencias –incluyendo $1 millón por consultorías administrativas al Departamento del Trabajo– y el bufete de Reichard y Escalera, con $13 millones.
La expresidenta del Colegio de Abogados Celina Romany Siaca obtuvo contratos de $1 millón por servicios legales y otros $1.2 millones por consultorías administrativas.
La hermana del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, Zaideé, obtuvo contratos de servicios legales por más de $1.6 millones. Además, obtuvo un contrato de $100 mil adicionales por consultorías administrativas
El licenciado Ramón Velasco Escardille –convicto en la Corte federal por el esquema de corrupción en las finanzas del PPD– recibió $1.4 millones de la zafra aún en el período en que enfrentaba los cargos criminales.
Servicios de Consultoría Administrativa, Servicios Técnicos y Contabilidad
En conjunto, estas tres categorías de contrataciones alcanzaron la cifra de 86 mil contratos con un costo de casi $7,000 millones.
En las llamadas consultorías administrativas se otorgaron más de 13 mil contratos por la cantidad global de casi $1,500 millones. Los servicios técnicos –mayormente de planos, estudios, diseños y asesorías– alcanzaron los 28 mil contratos por más de $5,000 millones. Por su parte, los servicios de contabilidad arrojaron los 3 mil contratos y más de $165 millones. Mientras, los servicios personales no profesionales superaron los 42 mil contratos y los $312 millones. Estos últimos parecen ser parte de los malabares que se utilizan para inflar la nómina gubernamental a nivel del Gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.
En las consultorías administrativas hay de todo como en botica. Por ejemplo, el excandidato a la Gobernación y asesor electoral del PPD, Héctor Luis Acevedo, tuvo $360 mil en contratos de consultoría administrativa en un municipio tan pequeño como Barceloneta, cuyo exalcalde Sol Luis Fontánez fue recientemente convicto por actos de corrupción en la jurisdicción federal. Hasta el comentarista radial y ahora candidato a la Legislatura por el PPD Ángel Matos, también tuvo más de $150 mil en contratos en otros lugares. El exjuez Ángel Hermida contrató por $90 mil en el Departamento de Estado. El excomisionado residente Antonio Colorado casi llegó a los $500 mil.
Los economistas tampoco se quedaron atrás en sus contrataciones. Por su parte, la firma Advantage Business Consulting, de Juan Lara, obtuvo $1.8 millones. El menos activo en contrataciones con el Gobierno fue Fernando Zalacaín, con más de $400 mil. Otros conocidos economistas recibieron grandes cantidades de dinero del Gobierno de manera indirecta al figurar como asesores de empresas que, a su vez, contrataban con el Gobierno.
Las agencias de publicidad también lucieron ser muy versátiles. Además de los millones facturados por servicios publicitarios, hubo algunas con otros tipos de contratos.
Eje Sociedad Publicitaria, de Edgardo Rivera, contrató $1.7 millones por servicios de consultorías administrativas. Milestone Communications, de Eduardo Rivero, también ofreció consultorías administrativas por más de $1 millón, además de los $15 millones facturados en publicidad. Flora Communications, de Jorge Orama, tuvo $1.2 millones por nada menos que servicios de contabilidad a la Lotería y adicionales a los $18 millones que facturó en servicios publicitarios a varias agencias.
Servicios de Procesamiento de Datos Electrónicos
Durante los ocho años del PPD se otorgaron más de 4 mil contratos por la cantidad de $765 millones para servicios tecnológicos y de procesamiento de datos. Estos servicios son de los más caros, aunque conocedores de esta industria siempre han planteado que los costos de las empresas son muy bajos en comparación con sus facturas. Las ganancias porcentuales de estas empresas son enormes.
Mientras se reducía el presupuesto de los servicios de salud y se despojaba de su tarjeta a más de 200 mil personas, uno de los más beneficiados por contratos relacionados con tecnología y servicios de salud fue la empresa MC-21, de Joaquín Viso, conocido colaborador y recaudador de las campañas del PPD. Sus contratos ascendieron a más de $62 millones.
En su libro titulado Un Pacto con el Diablo, el exdirector de Finanzas de la campaña del PPD, Miguel Nazario Franco, relató lo siguiente: “la evidencia demuestra que Viso fue otro colaborador de campañas (del PPD). Según declaró posteriormente (en la Fiscalía federal), contribuyó con $50 mil a la campaña a la gobernación de Calderón pagando facturas falsas. De esa cantidad, $10 mil se acreditaron a la campaña de primaria para comisionado residente de Acevedo Vilá. Al enterarme de esta situación y los intereses de negocios de Viso, entendí el aparente interés de este por reconciliar a Calderón y a Acevedo Vilá”.
Otras compañías de tecnología:
En asuntos tecnológicos, por un lado, se dividen los contratos a compañías de mayor renombre internacional como IBM, Microsoft Caribbean y Oracle Caribbean; y por otro, a empresas como: Advance Computer Technologies, con $34 millones; Empower, Inc., con $25 millones; Truenorth Corporation, con $21 millones; Rock Solid Technologies y FusionWorks, con casi $9 millones cada una;  Vilá del Corral and Company, con casi $2 millones; Interboro Systems; y Avant Technologies, con $4 millones cada una. Casi todas las anteriores también recibieron contratos multimillonarios adicionales por otros servicios relacionados con consultorías administrativas, servicios técnicos, de contabilidad, entre otros.

Distribución de contratos entre el 2001-2008 por renglones:

Publicidad:           
Lopito, Ileana & Howie y subsidiarias                                    $300 millones
Milestone Communications                                                $15 millones
Eje Sociedad Publicitaria $38 millones
Arteaga y Arteaga Advertising $41 millones
Flora Communications $18 millones
Kroma Advertising $8 millones
Happy Productions $1.7 millones
Comstat $600 mil
José Castrodad $620 mil
Fernando Torres Ramírez $200 mil

Adiestramiento y orientación:
Rocket Learning $91 millones
Amar Educational Services 88 millones
Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa $87 millones
Braxton School $70 millones
Centro de Capacitación y Asesoramiento $62 millones
Institución Educativa Nets $56 millones
Jose Areizaga $55 millones
Cosey y Learning Alliances $52 millones, cada una
Virtual Educational Resources Network $47 millones
National Educational & Technological Services $38 millones
Computer Learning Center $36 millones
América Aponte $33 millones
José Alberty Monroig $23 millones
Edic College $22 millones
Oscar Prieto Morgado $19 millones
Grupo Novel $18 millones
Consulting Corporation-Mariano Ortiz Rivera $16 millones
Quality Educational Services Inc.   $12 millones
Rock Solid Technologies $12 millones
Enrique Vilá del Corral $5 millones

Servicios Legales
Luis Pabón Roca e Irving Faccio $5 millones
Pedro Ortiz Álvarez $16 millones
Nicolás Gautier $1 millón
René Arrillaga $1 millón
Sánchez Betances, Sifre, Muñoz Noya & Rivera $11 millones
Edwin Quiñones $5 millones
Winston & Strawn $11 millones por servicios legales a Reichard y Escalera $13 millones
Celina Romany Siaca $1 millón por servicios legales
$1.2 millones por consultorías administrativas
Zaideé Acevedo Vilá $1.6 millones y $100 mil adicionales
en consultorías administrativas
Ramón Velasco Escardille $1.4 millones

Servicios de Consultoría Administrativa, Servicios Técnicos y Contabilidad
Héctor Luis Acevedo $360 mil en contratos
Angel Matos $150 mil
Angel Hermida $90 mil
Antonio Colorado $500 mil
Advantage Business Consulting $1.8 millones
Fernando Zalacaín $400 mil
* Eje Sociedad Publicitaria $1.7 millones
* Milestone Communications $1 millón
* Flora Communications $1.2 millones
(*estas empresas también facturaron en el renglón de publicidad)

Servicios de Procesamiento de Datos Electrónicos
MC-21 $62 millones

Otras compañías de tecnología:
Advance Computer Technologies $34 millones
Empower Inc. $25 millones
Truenorth Corporation $21 millones
Rock Solid Technologies   $9 millones
FusionWorks $9 millones
Vilá del Corral and Company $2 millones
Interboro Systems $4 millones
Avant Technologies $4 millones

http://www.vocero.com/guiso-a-billetazo-limpio/

martes, 29 de mayo de 2012

Guisan muchos bajo el PPD

EL PPD OTORGÓ: "más de 257 mil relaciones contractuales, por la cuantía de cerca de $14 mil millones a contratistas privados, quienes principalmente eran recaudadores, donantes, asesores y amigos de los líderes de esa colectividad". Guisan muchos bajo el PPD 29 de mayo de 2012 Igualas provocaron crisis presupuestaria Un examen del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor bajo las administraciones populares, entre los años 2001 al 2008, reflejó que pese a la gran crisis económica que obligó al cierre del Gobierno, se otorgaron más de 257 mil relaciones contractuales, por la cuantía de cerca de $14 mil millones a contratistas privados, quienes principalmente eran recaudadores, donantes, asesores y amigos de los líderes de esa colectividad. La magnitud de la cifra de $14 mil millones representa aproximadamente el presupuesto de dos años fiscales del Gobierno, de las partidas que ingresa Hacienda. Aun cuando líderes del Partido Popular Democrático (PPD) acusan al gobernador Luis Fortuño de beneficiar a sus amigos políticos, lo cierto es que el análisis de las dos administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá demuestra que ellos incurrieron en ese patrón de igualas cuando el déficit presupuestario era mayor, e inclusive beneficiaron a patronos del propio aspirante a la Gobernación, Alejandro García Padilla, y del candidato a comisionado residente en Washington, Rafael Cox Alomar. La astronómica cifra de $14 mil millones en igualas de servicios y asesorías que fueron tomadas en consideración durante la investigación periodística, se distribuyen en las siguientes categorías de contratos, según las clasifica la Oficina del Contralor: servicios de publicidad, representación o artísticos, de adiestramiento y orientación, legales, de consultoría administrativa, técnicos, contabilidad y personales no profesionales. Un pequeño grupo de allegados al PPD se llevó contratos que sobrepasaron los $550 millones del Gobierno. Entre ellos se encuentran: la otrora agencia de publicidad del PPD, Lopito, Ileana & Howie, Eduardo Rivero, Marisara Pont, Juan Arteaga Medraño, Edgardo Rivera, Jorge Orama, Bernardo Medina, Luisito Vigoreaux, José Castrodad, Enrique Vilá del Corral, Atilano Cordero Badillo; Pedro Ortiz Álvarez; Nicolás Gautier; René Arrillaga; Edwin Quiñones; el bufete de Reichard y Escalera, Celina Romany Siaca, la hermana del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, Zaideé, Ramón Velasco Escardille, Héctor Luis Acevedo, Angel Matos, el exjuez Ángel Hermida, el excomisionado residente Antonio Colorado, Joaquín Viso, el comentarista radial Luis Pabón Roca y su socio Irving Faccio, actual director de campaña de García Padilla. También, varios expatronos de Alejandro García Padilla y Rafael Cox Alomar recibieron contratos por millones de dólares en asesorías y servicios. Hasta conocidos economistas muy consultados por algunos medios de comunicación, recibieron contrataciones del Gobierno a niveles millonarios. En el análisis no se incluyeron miles de millones de dólares adicionales que se destinaron a otros tipos de contratos de construcción, compras de bienes y de equipos del Gobierno. En estos contratos de construcciones y compras, sin embargo, se destacan casi $100 millones a la firma constructora Target Engineering, del esposo de la exsenadora Victoria ‘Melo’ Muñoz Mendoza, Minás Papadakis; y sobre $210 millones a la petrolera Caribbean Petroleum Corporation (Capeco), de Ram Zeevi, quien acompañó a García Padilla en su controvertible viaje a Europa y el Oriente Medio. Durante esos ocho años todos esos contratos se pagaban de los fondos ordinarios, estatales y federales, que se asignan en el presupuesto de Puerto Rico. No había asignaciones adicionales ni especiales como, por ejemplo, el refuerzo de fondos federales conocido como ARRA (Ley Federal para la Recuperación y la Reinversión Americana) que fue implantada en el 2009 por el entrante presidente Barack Obama para revitalizar la economía en medio de la recesión económica que había surgido en los Estados Unidos en el año 2008. A partir del año 2009, años después de iniciada la llamada recesión criolla de las administraciones populares, ARRA representó una inyección de cerca de $6 mil millones adicionales en fondos federales para obras, servicios e incentivos económicos a los individuos. Se calcula que casi $2 mil millones de esos fondos fueron específicamente asignados por el Gobierno federal para servicios a los ciudadanos a través de contrataciones privadas a partir del año 2009. Si una parte sustancial del presupuesto público se utilizaba para repartir ese tipo de contratos por igualas, el Gobierno se quedaba corto para sus operaciones regulares y debía seguir tomando prestado. De manera que la otorgación de contratos contribuyó a duplicar la deuda pública histórica de Puerto Rico de $25 mil millones a $55 mil millones. Ha trascendido también que las dos administraciones del PPD entre el 2001 a al 2008 incurrieron en la práctica de inflar los estimados de ingresos al Presupuesto General para así aumentar los gastos, las contrataciones a activistas y amigos de los líderes de ese partido. El resultado fue un déficit presupuestario de $3,300 millones y una de las peores crisis económicas y presupuestarias de la historia. Además de tomar tantos préstamos con cargo al Pueblo de Puerto Rico en medio de la repartición de contratos, durante esos ocho años también se aumentaron las contribuciones; se redujo el presupuesto de la Reforma de Salud en más de $300 millones cancelando a 200 mil beneficiarios; se aumentaron en tres ocasiones las tarifas de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se pasó a los consumidores las decisiones sobre compra de combustible para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hubo incrementos en costos de los peajes de las autopistas, las matrículas en la UPR, las tablillas de los automóviles; y se impuso el IVU de siete por ciento. Ello unido al cierre del Gobierno por falta de recursos fiscales. Durante esa época todos los líderes políticos y funcionarios del Partido Popular endosaron, con sus expresiones o su silencio, esas descomunales contrataciones. No hay récord público de críticas por parte de ninguno de ellos. Es de conocimiento general que desde hace casi cinco décadas el Gobierno de Puerto Rico adoptó la práctica de otorgar contratos a individuos y empresas privadas para la prestación de servicios y la realización de proyectos que no deben estar en manos de las torpezas burocráticas y los altos costos operacionales fijos que tiene el Gobierno. No obstante, en la actual campaña política tanto el candidato a la Gobernación popular, como el resto de sus líderes, repiten sus críticas a la presente Administración por el otorgamiento de contratos a empresas privadas, incluyendo a muchas que también recibían contrataciones durante las administraciones del PPD. Tradicionalmente, cada partido político en el poder trata de explicar que son contratos otorgados mediante procesos de subastas, propuestas competitivas, servicios de confianza o porque son fondos asignados por el Gobierno estatal o federal para propósitos específicos cuya prestación resulta más eficiente o económica en manos privadas. Los líderes populares han utilizado esas mismas argumentaciones para defender las contrataciones de sus administraciones, pero contradictoriamente las rechazan cuando las plantea una Administración del PNP. http://www.vocero.com/guisan-muchos-bajo-el-ppd/

lunes, 23 de abril de 2012

Causa por fraude de 6.8M a Comunidades Especiales

Una vez más queda demostrado que el Partido Popular Democratico es un partido corrupto y de pillos. - Contratista Popular Angel Cocero Cordero: enfrenta 30 cargos de fraude en la entrega de casas y apropiación ilegal agravada, ambos delitos tipificados en el Código Penal de 1974. - auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV) (PPD), Federico del Monte Garrido: 28 denuncias por malversación de más de 700 mil dólares de fondos públicos, (artículo 216 k del Código Penal de 1974), mediante un esquema donde el imputado autorizó el pago de facturas. EL PPD PERMITIO QUE SUCEDIERA ESTE ROBO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE SILA -------------------- Causa por fraude de 6.8M a Comunidades Especiales 23 de abril de 2012 - Puerto Rico, Tribunales - Inter News Service “Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad”, explicó Somoza Colombani. La jueza María de los Ángeles Rabell, del Centro Judicial de San Juan, fijó un fianza global de 5,800 dólares al exsecretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV), Federico del Monte Garrido, luego de encontrar causa para arresto en 28 cargos criminales por un fraude de más de 6.8 millones de dólares al Programa de Comunidades Especiales. Contra el exfuncionario también pesa otro cargo por violación a la Ley de Ética Gubernamental relacionado a la utilización de propiedad pública para fines políticos, informó el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Guillermo Somoza Colombani, Contra Del Monte Garrido, explicó Somoza Colombani, se presentaron 28 denuncias por malversación de más de 700 mil dólares de fondos públicos (artículo 216 k del Código Penal de 1974), mediante un esquema donde el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por el contratista Angel Cocero Cordero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado, pero que no prestó. En cuanto a Cocero Cordero, éste enfrenta 30 cargos de fraude en la entrega de cosas y apropiación ilegal agravada, ambos delitos tipificados en el Código Penal de 1974. Al contratista se le imputa entregar planos fraudulentos que no se ajustaban a la realidad existente en las comunidades, cobrar por servicios de supervisión que nunca prestó o que no supervisó conforme a lo pactado y cobrar por participar en subastas de construcción de nuevas unidades de vivienda que nunca se llevaron a cabo. Cocero Cordero fue llevado ante la juez la semana pasada y se encuentra libre bajo fianza. Los esquemas que se fraguaron desde 2003 y se prolongaron hasta 2005, incluyen a Del Monte Garrido, encomendando la planificación e implantación del programa de Comunidades Especiales, contratando a Cocero Cordero para que hiciera los planos de mejoras de viviendas, planos de nuevas viviendas y supervisara los proyectos de 14 comunidades especiales. Las comunidades eran Las Acerolas, en Toa Alta; Cangrejo y Buena Vista, en Humacao; San Francisco, García, Nieves y Matías, en Aguada; Jacaboa en Patillas; El Burén, en Sabana Grande; Melitón y Amparo, en Barranquitas; los sectores Playita, Playa y Magas, en Guayanilla; y Media Cuerda, en Isabela. A través del Programa de Comunidades Especiales, Cocero Cordero se apropió ilegalmente de fondos públicos y Del Monte Garrido malversó más de 700 mil, señaló el secretario. No obstante, la investigación realizada por las autoridades arrojó que en las comunidades investigadas se despilfarraron más de seis millones de dólares, al invertirse cantidades millonarias sin que se levantara ni una residencia y pagándole a Cocero por la preparación de planos que nunca fueron utilizados por el DV. “Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad”, explicó Somoza Colombani. La investigación también reveló que Del Monte no solo participó en el esquema ilegal de diseños y pagos por servicios no prestados, sino que utilizó los deberes y facultades de su cargo en el DV para vender boletos de actividades políticas del Partido Popular Democrático (PPD) en la propia agencia durante horas laborables y utilizando los recursos de la agencia. Del Monte Garrido vendía las taquillas a Cocero Cordero personalmente y por conducto de su ayudante y coordinador del PPD en el DV, Edwin Rodríguez Díaz. Contra Rodríguez Díaz, la jueza Rabell encontró causa por un cargo por violar la Ley de Ética Gubernamental, fijándole una fianza de 200 dólares. Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno a las operaciones del Programa de Comunidades Especiales. http://www.vocero.com/presentan-cargos-contra-exsecretario-auxiliar-de-vivienda/

miércoles, 4 de abril de 2012

El arte de la jeringa (Parte V)

El arte de la jeringa (Parte V)

4 de abril de 2012 - Opinión - Luis Dávila Colón, Analista de noticias y abogado
¿Y qué ofrecen? Los mismos genios de la insuficiencia

Luego de haber leído las primeras cuatro partes de esta serie de columnas que exploran en detalle las políticas del PPD durante este cuatrienio, el lector pensará que se trata de una longaniza. Lo es. Las morcillas y embutidos coloniales son inagotables. Precisamente me he dedicado a hacer este inventario de las posturas del PPD, porque nadie más en la prensa lo va a hacer.

Tal como lo hice en el libro Godsila en el 2000, en El Negro Día del 2001 y Justicia Roja del 2002, es importante plasmar un récord periodístico de lo que representa el PPD y sus candidatos, antes de que el Pueblo proceda otra vez a recompensar sus chifladuras dándoles el mandato en otra elección más. Como dije anteriormente, no puedo evitar el timoneo de la oligarcracia; lo único que puedo hacer es dejar el récord claro para cuando tengamos que pasar factura nuevamente y el país esté apestado de lo que se apresta a recompensar. Sigo.

• En la Convención del 20 de junio del 2011, se hizo claro que la plantilla que el PPD ofrece el mismo equipo desgastado de líderes que llevaron al país al precipicio entre el 2001 y 2008: AGP, Bhatia, Pereira, Rosana López, los García Padilla y el mismo equipo de asesores arquitectos del desastre que sufrimos y vivimos. Como hemos visto, bajo AGP la Pava no ofrece primarias, sino dinastías. Así como impera en sus cuerpos directivos, así desgobierna cuando llega a Fortaleza. Por derecho divino. Por decreto y por estrictas líneas hereditarias. Lo que la Pava le ofrece al país es el más de lo mismo de las mismas familias que detentan el poder. Las eternas dinastías de los Muñoz, los Hernández, las Calderón, los Aponte, los Ferrer, los Miranda, los García Padilla, los Colberg, los Ríos-Ferrer, los Baéz, los Fernós, los Benítez, los Sánchez, los Font, los Agrait, etc. Esa realeza colonial que vive del colonialismo y que tiene a Puerto Rico sumido en la miseria desde 1960, es la que quiere volver a desgobernar.

• En noviembre 22 del 2011 (END-p.24), García Padilla inició la guerra de los viajes y acusó al Gobernador Fortuño de viajar mucho y de hacer contacto con grupos republicanos. El 5 de diciembre, EV-p.7, Jaime Perelló criticó a Fortuño por viajar 52 veces a los Estados Unidos en tres años. La Pava exigió que el Gobernador explicara la motivación y la necesidad de dar un viaje cada tres semanas. El tiro les volvió a salir por la culata.

En enero del 2012, El Vocero reveló una serie de misteriosos viajes de AGP como Secretario de DACO, acompañado por empresarios en busca y que de petróleo barato. Los viajes de Europa, Dubai, Egipto y más luego a Venezuela en jet privado, nunca fueron explicados. El expediente reveló, que la estadía en Dubai no fue pagada con fondos de gobierno. El expediente reveló, que AGP acompañó un grupo de empresarios que se beneficiarían con cualquier potencial transacción. El expediente reveló, que la Ley Orgánica de DACO no le da facultad alguna al Secretario para ir a negociar compras de petróleo para Energía Eléctrica. El expediente reveló, que el jet fletado pertenece a una compañía petrolera propiedad del gobierno de Hugo Chávez. Por mucho menos que eso, los Federales acaban de meter preso al ex senador Héctor Martínez, por haber aceptado estadías de hotel, transportación aérea y prebendas de empresarios estando en un cargo púbico que atendía asuntos de interés para esos empresarios. De nuevo, el silencio fue ensordecedor. García Padilla se negó a explicar, pero continuó con la jeringa de los viajes oficiales del Gobernador a los Estados Unidos.

• En noviembre 24 del 2011 (END-p.29), Cox Alomar prometió que el PPD convocaría a una Asamblea Constituyente después de ganar las elecciones. Pero su partido, determinó pedir el voto por la contentura del “Sí” colonial “como está” con un mandato de que no haya cambio. Luego, Cox tildó de fraude y engaño el plebiscito en una Revista Jurídica. Entonces, ¿por qué participan por el “Sí”? ¿Quién los entiende?

• El tema de la criminalidad es otra de las chifladuras de la Pava. Todo el mundo sabe, que la altísima criminalidad en la colonia es el producto directo de las graves injusticias sociales y de la profunda pobreza que genera el Estado Libre Asociado. Todo el mundo sabe, que en tiempos de depresión económica el tráfico de drogas, la guerra por los puntos y los asesinatos se disparan. Pero allá va el PPD a politiquear. Le votan en contra a todas las medidas anticrimen; se oponen a la inspección de furgones para detectar drogas y armas; se oponen a la amnistía para armas ilegales; se oponen a los aumentos de la Policía; se oponen y luego proponen el uso de la Guardia Nacional; se oponen a la pena de muerte; se oponen a las alianzas estatales-federales para combatir el crimen; se oponen a los grilletes en contra de los abusadores domésticos; se oponen a detectores de metales en las escuelas; se oponen a las cámaras de seguridad en la UPR; se oponen a extender la jurisdicción del FEI para investigar corruptos; le votan en contra a la nueva Ley de Etica Gubernamental; le votan en contra a la reorganización de la justicia; proponen la medicalización de las drogas; denuncian ante el gobierno de Obama de que tenemos un cuerpo de la Policía de abusadores y violadores de derechos civiles; quieren hacer mítines políticos en las cárceles; le votan en contra a más de 15 medidas anticrimen; y …

¿Y qué ofrecen? Los mismos genios de la insuficiencia. Los mismos superintendentes fracasados que no pudieron detener la ola criminal en la década pasada: El “Cuco” Pereira, Pierre Vivoni, Víctor Rivera y José Caldero, ahora son los gendarmes que pararán drogas y asesinatos.
No hablemos de la violencia doméstica. El Partido Popular tiene un “Escuadrón Osvaldo Ríos” de violentos domésticos. Nunca le pidieron la renuncia a Héctor Ferrer y lo sustituyen con un convicto agresor doméstico, Luis Raúl Torres. El mismo equipo de los Farinacci, de Jarabo y el hogar de crianza del Ñaño. Aunque usted no lo crea, este inventario continuará…

viernes, 24 de febrero de 2012

Investigan taller de hojalatería de candidato primarista popular en Guayama

Investigan taller de hojalatería de candidato primarista popular en Guayama
viernes, 24 de febrero de 2012

Maribel Hernández Pérez y Nydia Bauzá / Primera Hora
El precandidato a la alcaldía de Guayama por el Partido Popular Democrático (PPD), Sammy Ruiz, es objeto de una investigación por parte de la División de Vehículos Hurtados de Guayama porque se ocuparon dos autos reportados como desaparecidos en el taller que opera de hojalatería y pintura Santuario Motor Sport.
El director del Negociado de Vehículos Hurtados, comandante Orlando Meléndez, informó de que los agentes recibieron una llamada anónima en la que les notificaban que en el taller situado en la carretera PR-15, entre Guayama y Cayey, había tres vehículos hurtados.
Cuando los agentes al mando del teniente Raúl Collazo Santiago, director de la División, inspeccionaron hoy el taller encontraron dos autos descritos como Suzuki SX4, color rojo con la tablilla HTX-700 y un Ford GT Mustang color rojo con la tablilla GOP-508, los cuales aparecen en el sistema como “desaparecidos”.
El oficial explicó que comúnmente los bancos hacen este tipo de reporte cuando las cuentas se venden sin hacer los traspasos, por lo que se pierde el rastro de la persona a quien se le financió el vehículo, las llamadas “cuentas locas” o son reportados por sus dueños cuando le confían al auto a un conocido que no se los devuelve.
La justificación ofrecida a los agentes es que el Suzuki una persona se lo dejó a un empleado para que se lo reparara hace un año y el otro llevaba tres años sin recogerlos porque nunca lograron comunicarse con las personas que hicieron el contrato porque no respondían el teléfono.
Otra de las irregularidades detectadas fue que en el taller no se llevaba un libro de registro, lo que viola la Ley 8.
“Él se encuentra bajo investigación y fue citado posteriormente para continuar con la investigación y entrevistarlo para que traiga evidencia que lo exculpe”, sostuvo el comandante Meléndez.
De forma separada, el sargento Díaz, de Vehículos Hurtados de Guayama, insistió a Primera Hora que en ningún momento “se arrestó a Ruiz”.
A su vez, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Víctor Suárez, declaró que "vamos a investigar la situación y de eser cierto que él (Ruiz) está en un acto ilegal, nos vamos a asegurar que no esté en la papeleta. El candidato oficial del Partido es Eduardo Cintrón, quien es el presidente del Comité Municipal del PPD en Guayama”.
En enero pasado, Ruiz compareció a la División de Investigaciones Administrativas de la región de San Juan, de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional de la Policía, para prestar una declaración certificada sobre el incidente ocurrido el 28 de noviembre de 2011, con la escolta del presidente senatorial en la autopista Luis A. Ferré, por el cual tomó notoriedad.
El candidato exigía que se le revelaran los nombres de los agentes de la escolta de Thomas Rivera Schatz, quienes lo multaron mientras los perseguía y tomaba vídeo para demostrar la manera, supuestamente negligente, en la que transitaban a su regreso de una actividad con el Gobernador en Ponce.
Ruiz recibió seis multas por la cantidad de $525, por transitar por el paseo de emergencias, exceso de velocidad, cambio indebido de carril y por manejar un vehículo sin licencia.
El político admitió que no tiene licencia y que por eso utiliza un chofer para que le maneje su vehículo, pero a preguntas de Primera Hora, reveló que en un momento dado tomó el volante para que el conductor pudiera tomarle vídeo a los vehículos del Senado.
Ruiz alegó que mientras transitaba por la autopista observó las guaguas de la escolta del presidente senatorial transitando de manera negligente y decidió seguirlas para tomarle vídeo como evidencia. La escolta se detuvo en el paseo y utilizando la libreta de boletos de agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Caguas le expidieron las multas.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Arrestan alcalde de Barceloneta por cargos de soborno

Arrestan alcalde de Barceloneta por cargos de soborno

EL VOCERO /Luis Alberto López

Tal como lo anticipó EL VOCERO, el alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes Olivo, fue arrestado esta tarde tras ser acusado de cargos de soborno a contratistas del ayuntamiento de los cuales recibió 50 mil dólares en efectivo de los 190 mil dólares que solicitó.

Así lo informó la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en una conferencia de prensa junto al director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Joseph Campbell.

Entretanto, el fiscal a cargo del caso, Charles Washl, explicó a preguntas de la prensa que el esquema comprendía la solicitud de 150 mil dólares de una propiedad del municipio de Barceloneta por la cual recibió 28 mil dólares en efectivo. Por la segnda propiedad solicitó 40 mil dólares y recibió 27 mil.

EL VOCERO / Luis Alberto López

Rodríguez indicó que Fontanes, quien está grabado en audio y vídeo recibía, los pagos ilegales en diferentes lugares, incluso en la alcaldía.

Destacó que un co conspirador que no fue identificado le entregaba al alcade el dinero que había sido solicitado por el ejecutivo municipal.

A preguntaas de la prensa Rodríguez dijo que la fiscalía solicitará que el acusado sea ingresado en en Centro de Detención Metropolitana.

“Le vamos a llevar información al magistrado de que es un riesgo a la comunidad. La evidencia que se deba someter sugiere un peligro par él y para la comunidad”, estableció.

Esta tarde el ejecutivo municipal comparecerá a la vista inical ante el magistrado Bruce Mc Giverin.

EL VOCERO / Luis Alberto López

Poco después de haber rechazado a EL VOCERO que había incurrido en conducta ilegal alguna el alcalde de Barceloneta fue arrestado en el restaurante Metropol en Barceloneta. Alrededor de la 1:30 de la tarde el alcalde llegó esposado al Tribunal Federal.

“Lo rechazo. Soy incapaz de algo así. Soy un jíbaro noble, hice mi bachillerato y mi maestría con sacrificio. Mi conciencia, y mire que soy un tipo corajú, me ha estremecido la noticia, pero mi corazón late normalmente como que tiene una parte interna de que ‘Sol Luis no te preocupes porque no hay nada ilegal’”, expresó Fontaes Olivo horas antes de ser apresado.

EL VOCERO había adelantado en su versión impresa de hoy que tras casi tres décadas como primer ejecutivo municipal, estaba bajo la mirilla de las autoridades federales por presuntos actos de corrupción.

EL VOCERO supo que varios empleados de la municipalidad, así como contratistas han sido entrevistados por agentes del FBI y han comparecido ante el Gran Jurado.

El alcalde podría enfrentar hasta 10 años de cárcel.

EL VOCERO / Luis Alberto López

http://www.vocero.com/puerto-rico-es/ley-y-orden-es/arrestan-alcalde-de-barceloneta

----

Día triste para Barceloneta según candidato alcalde PNP

El candidato a la alcaldía de Barceloneta por el Partido Nuevo Progresista (PNP), José Rafael “Rafo” Ramos, calificó como un “día triste para el pueblo” el arresto esta tarde del alcalde Sol Luis Fontanes Olivo por alegados actos de corrupción.

Ramos también exhortó al presidente del Partido Popular Democrático, el senador Alejandro García Padilla, a destituir inmediatamente a Fontanes Olivo como candidato a la reelección en orden de salvaguardar la integridad municipal de Barceloneta.

“Este es un momento muy triste en la historia de nuestro pueblo. El arresto del alcalde no es un asunto político partidista, es un asunto de índole legal. Esperamos que nos informen oficialmente cueles son los señalamientos en su contra para nosotros proceder a realizar otras expresiones. Ahora mismo lo que podemos decir es que nuestros sentimientos están con su familia en este momento tan difícil”, indicó Ramos.

El aspirante novoprogresista insistió en que Fontanes Olivo explique con lujo de detalles cual fue, si alguno, su rol en el alegado “histórico” esquema de corrupción que las autoridades federales lo han acusado.

“Por el bien de Barceloneta y su ciudadanos, el alcalde debe hablar de quienes, si alguien, están involucrados en el imputado esquema de corrupción. Hacemos un llamado a que toda persona involucrada en lo que a todas luces parece un acto de corrupción sin precedentes en nuestra historia, sea separado de su puesto hasta que concluya la investigación. También García Padilla debe destituirlo hoy mismo como candidato del PPD”, añadió Ramos.

http://www.vocero.com/puerto-rico-es/politica-es/dia-triste-para-barceloneta-segun-candidato-alcalde-pnp

----

Dormirá en la cárcel alcalde de Barceloneta

EL VOCERO/Luis A. López

El alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes, fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), por presuntamente solicitar unos $150 mil en soborno de los cuales recibió unos $50 mil, incluso en el propio ayuntamiento.

Fontanes, quien fue arrestado poco después del mediodía en las afueras de un concurrido centro comercial, dormirá en prisión luego que el magistrado federal Bruce McGiverin acogió una solicitud de la fiscalía para mantenerlo detenido. El alcalde de Barceloneta permaneció en silencio y tranquilo durante la vista. La vista de fianza se fijó para el viernes y la vista preliminar se fijó para el próximo 29 de febrero.

El fiscal Charles Walsh expuso ante el magistrado que tan reciente como el pasado martes 14 de febrero, Fontanes amenazó a un potencial testigo y co-conspirador, al tiempo que expresó que se quitaría la vida si prosperaba una acusación federal en su contra.

Entre tanto, la defensa del alcalde -por conducto del licenciado Peter Díaz- alegó sin éxito que el alcalde no representaba un riesgo de fuga y que en los 24 años de incumbencia había ganado el cariño de populares y de sus adversarios políticos.

La jefa de la Fiscalía Federal junto al director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), indicó que el ejecutivo municipal fue grabado en audio y video pidiendo y recibiendo los pagos de la extorsión.

El ex mandatario fue acusado mediante una denuncia de la Fiscalía Federal, de cometer fraude a un programa federal mediante extorsión. Se alega que Fontanes recibía pagos de entre $5 mil a $20 mil. El dinero era utilizado para su beneficio personal.

Rodríguez manifestó en conferencia de prensa que en febrero del 2010 el FBI recibió información a los efectos de que el acusado solicitó pagos en efectivo a varios contratistas.

Estos pagos fueron en relación a la venta de propiedades que pertenecen al municipio. Las propiedades fueron adquiridas por los contratistas, quienes en adición a pagar por las ellas, tuvieron que hacer pagos de más de $50 mil. Los pagos los recibía un co conspirador, quien a su vez se los entregaba al Alcalde.

http://www.vocero.com/puerto-rico-es/ley-y-orden-es/dormira-en-la-carcel-alcalde-de-barceloneta


El Alcalde de Barceloneta Sol Luis Fontanes Olivo (PPD), en la mira del FBI

En la mira del FBI Alcalde de Barceloneta


Según las fuentes, un Gran Jurado sesiona para evaluar prueba contra Fontanes Olivo por un supuesto esquema de extorsión y soborno contra contratistas del municipio.EL VOCERO/Ingrid Torres

El alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes Olivo, quien lleva casi tres décadas como primer ejecutivo municipal, está bajo la mirilla de las autoridades federales por presuntos actos de corrupción.

Fuentes de EL VOCERO informaron que el mandatario municipal es objeto de una pesquisa efectuada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y que un Gran Jurado sesiona para evaluar prueba sobre un supuesto esquema de extorsión y soborno a contratistas del municipio.
EL VOCERO supo que varios empleados de la municipalidad, así como contratistas han sido entrevistados por agentes del FBI y han comparecido ante el Gran Jurado.

Fontanes –quien lleva en el cargo 23 años tras ser electo en 1988– ha sido eje de controversia en los pasados años. El ejecutivo municipal se ha ganado el repudio de un grupo de vecinos del sector La Boca tras ordenar la destrucción de sus casas y otras estructuras sin el permiso de la antigua Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), ahora Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)para el desarrollo del proyecto Paseo del Mar.

La acción del Alcalde provocó que la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, presidida por la senadora Itzamar Peña, efectuara un proceso de vistas públicas para investigar el asunto. La pesquisa reflejó que la demolición de varias de las estructuras fue hecha de forma ilegal.

La destrucción de las propiedades se llevó a cabo del 21 al 28 de julio del 2010. Sin embargo, no fue hasta el 29 de julio que el Alcalde reunió a la Asamblea Municipal para aprobar una ordenanza para autorizar la compra o expropiación de las 54 estructuras en el sector. Ello, sin someter a audiencia pública la ordenanza. El Ayuntamiento tampoco publicó los edictos previo a la demolición como lo requería la ley, sino que los notificó cinco días después de la destrucción de las estructuras.

Peña refirió a Fontanes al Departamento de Justicia de Puerto Rico, agencia que actualmente investiga el asunto.

Sobre esta pesquisa, Laylani Ruiz Olmo, portavoz de los residentes de la comunidad La Boca, dijo a EL VOCERO que en octubre pasado ella y otros vecinos del área fueron entrevistados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Varios de los entrevistados han denunciado haber sido víctimas de acoso por parte del Alcalde, a quien acusan de haberlos amenazado para que dejaran sus residencias.

Afirmó que fueron cuestionados sobre la demolición de las estructuras, sobre la extracción de arena en ese pueblo, así como las denuncias por la alegada solicitud que hicieron empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) al Registro de la Propiedad, para pedir que se traspasaran los títulos de propiedad de un solar privado en el barrio Punta Palma y se pusieran los mismos a nombre del Ayuntamiento. De igual forma, Ruiz Olmo dijo que fueron interrogados en relación a la construcción de una planta de incineración y procesamiento de basura en el barrio Magueyes de Barceloneta. Precisamente, el pasado 9 de febrero la Cámara de Representantes avaló una Resolución del vicepresidente de ese Cuerpo legislativo, Gabriel Rodríguez Aguiló, para investigar el establecimiento de la referida planta y su impacto en la zona.

Otra controversia protagonizada por Fontanes lo fue el 15 de octubre del 2007, luego que el Municipio de Barceloneta recogiera unos 80 perros, los cuales fueron lanzados desde un puente en Vega Baja.

En relación a este caso, Fontanes, el Ayuntamiento, el ex secretario del Departamento de Vivienda, Carlos Laboy, y la compañía Animal Control Solutions fueron demandados en el Tribunal federal por los dueños de las mascotas, residentes de complejos de vivienda pública de ese pueblo.

http://www.vocero.com/puerto-rico-es/politica-es/en-la-mira-del-fbi-alcalde-de-barceloneta

-----

Caótica situación en operaciones fiscales de Barceloneta

San Juan – La Oficina de la Contralora detectó una caótica situación en las operaciones fiscales del municipio de Barceloneta, tras una auditoría que halló irregularidades, entre las que se cuentan un informe, que abarca desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009, establece que en el municipio se ha registrado déficit presupuestario, sobregiros en partidas presupuestarias y cargos por sobregiros en la cuenta corriente.

También, la auditoría halló la aprobación de ordenanzas municipales para conceder a una empresa un incentivo económico proveniente del Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal, y a los detallistas del municipio un ajuste en el pago de la aportación ciudadana de dicho impuesto

A su vez, se encontraron “deficiencias relacionadas con el arrendamiento de equipo pesado para realizar trabajos en una finca que se utilizaba para la extracción de material de la corteza terrestre y en diferentes lugares del municipio, y otras deficiencias relacionadas con los trabajos realizados en la finca y con la limpieza de sumideros, charcas de recolección y canales”.

Igualmente, consigna la “nulidad de un acuerdo verbal entre el alcalde y el dueño de una compañía de transporte para la venta de material de la corteza terrestre proveniente de una finca propiedad del Municipio y otras irregularidades en la venta de dicho material”.

Además, el municipio usó equipo pesado y camiones arrendados para la limpieza de unos terrenos privados.

A la lista se añade el indebido uso de fondos públicos para promover la figura del alcalde, Sol Fontanés Olivo.

También, la auditoría detectó acciones contra empleados municipales que resultaron en perjuicio del municipio, y demandas estipuladas por el alcalde sin el consentimiento de la Legislatura Municipal.

http://www.vocero.com/puerto-rico-es/caotica-situacion-en-operaciones-fiscales-de-barceloneta