Crónica de un proceso anunciado

Crónica de un proceso anunciado

Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO

Lo que comenzó como una querella ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 1ro de octubre del 2004, por parte del ex comisionado residente Carlos Romero Barceló sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para Aníbal Acevedo Vilá, cuando era comisionado residente en la capital federal, desembocó en una kilométrica pesquisa en la que comparecieron ante el Gran Jurado sobre un centenar de testigos y en la que se les presentó prueba a dos paneles.

La kilométrica investigación concluyó con la radicación de 27 cargos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otras 12 personas.

El 1ro de octubre de 2004 EL VOCERO abordó a Romero Barceló a su salida del Tribunal Federal luego de acudir al FBI para llevar documentos relacionados con actividades de recaudación de fondos de actividades políticas del entonces comisionado residente. Unos días previos a su cita con agentes del FBI, el también ex gobernador de Puerto Rico ofreció una rueda de prensa en la que denunció que Acevedo Vilá consiguió levantar $432,850 en menos de dos años a través de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania.

La investigación de este caso fue reforzada por agentes del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS).

En octubre de 2006 el periódico The Philadelphia Inquirer informó que el empresario demócrata Robert Feldman, y su socio Cándido Negrón solicitaron donativos para la campaña de Acevedo Vilá como comisionado residente. De acuerdo con el rotativo, las autoridades federales sospechaban que decenas de miles de dólares de la campaña de Acevedo Vilá eran ficticios, es decir, de donativos hechos a nombre de unas personas que, de acuerdo con la pesquisa, han declarado que no hicieron los donativos.

FBI ASUME JURISDICCION

El 22 de junio de 2006 el portavoz de prensa del FBI, Harry Rodríguez, informó a la prensa que esa agencia tenía jurisdicción para investigar violaciones a las leyes financieras sobre campañas federales tales como el "excessive, corporate and straw contributions". Esto se refiere a cuando un contribuyente llega al límite de los donativos a un candidato y luego continúa haciéndolos a nombre de terceras personas.

En septiembre de 2006 comenzaron a desfilar públicamente funcionarios y otras figuras ante el Gran Jurado. Una de los primeros en comparecer lo fue la ex directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Melba Acosta, y el director del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres. De igual forma, el 20 de octubre del 2006 acudieron funcionarios allegados al Primer Ejecutivo. Estos fueron el secretario de la gobernación, Jorge Silva Puras, la ex directora de OGP, Ileana Fas Pacheco, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Juanita Colombani, y el ex director de campaña de Acevedo Vilá, Carlos Dalmau.

Días más tarde el Gran Jurado emitió un requerimiento de información sobre unas 15 empresas e individuos. Entre estos se encuentran Parkway Corporation, Jorge Velasco Mella, Hill International y Dental One, esta última propiedad de Negrón. Decenas de testigos continuaron testificando ante el Gran Jurado durante el resto del año, entre estos los empresarios estadounidenses Kenneth Goldenberg y Robert Goldenberg de "The Goldenberg Group".

A principios del 2007 fueron entrevistados por el FBI y agentes del IRS, Luisa Inclán Bird, quien trabajaba en el comité de recaudación de fondos para la campaña de Acevedo Vilá, Miguel Nazario ex presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ex director de la Oficina del Comisionado Residente, Paul Weiss, el ex subtesorero de la campaña de Acevedo Vilá, Edwin Colón, y el presidente de Hill International, Irvin Richter.

El 8 de abril de 2007 expiró el Gran Jurado que sesionó durante dos años en relación con este caso. El segundo panel entró en vigor a mediados del referido mes.

Las sesiones del segundo panel continuaron muy activas durante los siguientes meses. En estas comparecieron el administrador de los Sistemas de Retiro, Juan Cancel Alegría y los abogados Jerry L. Grey y Nikole Davenport, abogados del bufete Chitwood, Harley & James con sede en Atlanta, Georgia, el asesor legislativo de La Fortaleza, Joel Montalvo, y la ex directora de la Administración de los Sistemas de Retiro, Marisol Marchand.

De igual forma, agentes del IRS allanaron las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en busca de evidencia relacionada con los controvertidos trajes del Gobernador.

El 30 de agosto acudió ante el Gran Jurado la ex ayudante especial de Acevedo Vilá, Eneidy Coreano, luego de que su abogado Mark Rochon intentara fallidamente detener la comparecencia de la ex funcionaria.

El 26 de junio Acevedo Vilá reconoció que era uno de los objetivos de la pesquisa federal.

NUEVO GIRO

En agosto la pesquisa dio un nuevo giro luego de que el ex administrador de La Fortaleza bajo la administración de Sila Calderón y ex director de finanzas de la campaña de Acevedo Vilá, Fulgencio Correa, cooperara con las autoridades y se le concediera inmunidad a Howie de Jesús, presidente de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, así como al presidente de la referida empresa, Carlos "Pepe" Rodríguez (amigo personal de Acevedo Vilá) y a la contralor Noemí Díaz.

Luego del testimonio de estos, las autoridades contactaron a varios empresarios y desarrolladores.

Trascendió que varios contribuyentes pagaron facturas a la referida agencia de publicidad para trabajos para el PPD. Asimismo, se informó que el PPD recolectó donativos en exceso de cerca de $2 millones y pidió a compañías que hicieran facturas a Lopito, Ileana & Howie.

El 17 de octubre trascendió que el ex presidente de Triple-S, Miguel Vázquez Deynes, testificó ante el Gran Jurado sobre donativos que efectuó a las campañas de Sila Calderón, Pedro Rosselló y Kenneth McClintock, entre otros. Estas declaraciones volvieron a ampliar la pesquisa federal.

El 2 de noviembre, el Primer Ejecutivo sufrió un revés luego de que el Departamento de Justicia estadounidense rechazara su pedido para que la pesquisa fuera transferida a las oficinas centrales en Washington.

El 12 de noviembre de 2007 el Gobernador convocó a una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció que su abogado Thomas Green le informó que la investigación estaba a punto de concluir. Durante esa rueda de prensa el Mandatario acusó a la Fiscalía federal de conspirar junto a sus enemigos políticos, Romero Barceló y Luis Fortuño —por impulsar el nombramiento de la fiscal Rosa Emilia Rodríguez—, para hacerle daño. De igual forma, denunció que el presidente de las empresas Fonalledas, Jaime Fonalledas, le hizo un donativo de $50,000 para la campaña de Calderón.

GREEN SE REUNE CON FISCALES

Dos días más tarde Green sostuvo una reunión con las fiscales María Domínguez y Rodríguez en el Departamento de Justicia en Washington con altos funcionarios de esa agencia con relación al curso de la pesquisa. A su salida de la reunión las partes declinaron ofrecer comentarios a la prensa sobre el contenido de la reunión.

Mientras, el director de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadounidense, Peter Carr, les dio un espaldarazo a las fiscales Domínguez y Rodríguez. Al tiempo, afirmó que esa dependencia investiga y procesa individuos que violen las leyes federales sin considerar sus afiliaciones políticas. Destacó además que esa agencia ha procesado criminalmente a ex gobernadores y congresistas a base de evidencia en su contra.

Luego de esta reunión, varias divisiones del Departamento de Justicia estadounidense, entre estas la División de Evasión Contributiva y de Integridad Pública, comenzaron a evaluar la prueba recopilada por los agentes del FBI y del IRS, a fin de decidir si se le autorizaba o no la radicación de los diferentes cargos. Este proceso tomó varias semanas.

El 27 de noviembre la fiscal Domínguez viajó nuevamente a la Capital federal para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia.

Mientras, el pasado 28 de noviembre, Green se reunió en una hospedería en Isla Verde con la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Nancy Vega, así como con otras personas que comparecieron ante el Gran Jurado.

Unas semanas más tarde continuaron las entrevistas por parte del FBI a empleados, ex empleados, contribuyentes del PPD y estrategas de la colectividad, entre estos la ex secretaria de Acevedo Vilá, Gladys Ortiz.

El 4 de diciembre comparecieron ante el Gran Jurado el ex director de campaña de la Pava, Irving Faccio, y el ayudante del Gobernador, Miguel Arroyo.

El 17 de diciembre de 2007 las fiscales Domínguez y Rodríguez acudieron a otra reunión en el Departamento de Justicia en Washington.

Un mes más tarde, el Gran Jurado celebró su primera sesión del año a la que comparecieron otros contribuyentes de la Pava.

El 8 de febrero acudió la hermana del Gobernador, Elba Acevedo Vilá, junto al administrador del Fondo del Seguro del Estado, Carlos Ruiz, otro familiar del Primer Ejecutivo y una ex secretaria de Aníbal José Torres.

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